La Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza (APARZ) ha puesto sobre la mesa de la magistrada que tramita el concurso de acreedores de la empresa deportiva de Agapito Iglesias la operación de traspaso y venta de las oficinas de la entidad y el entramado societario creado en los últimos años en torno a la compañía y a su dueño.
Consideran que el negocio inmobiliario le provocó al Real Zaragoza un quebranto de siete millones de euros y que con esa transacción sus responsables hicieron que se desprendiera de la pieza más valiosa de su patrimonio --la Ciudad Deportiva está tasada en 12 millones y Entrerríos cotiza muy por debajo--. Su estrategia consiste, si logran probar esa tesis en el juzgado, en pedir a la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa que inicie los trámites para apartar a Iglesias de la gestión, para su inhabilitación.
La APARZ ha pedido a la jueza, en un escrito remitido al juzgado, que requiera al Real Zaragoza SAD para que aclare y documente la venta y para que explique en qué consisten y qué objetivo tienen las empresas relacionadas con la entidad o participadas por él que han ido apareciendo en los últimos años, así como otras vinculadas a su presidente.
LA VENTA El traspaso del edificio de las oficinas del Zaragoza ha levantado polémica desde su primer episodio. Poco después de hacerse con el control de la compañía deportiva, Agapito y su consejo decidieron trasladar esa propiedad a Zaragoza Real Estate, una sociedad que tiene a la entidad deportiva como socio único creada para participar en el suculento negocio inmobiliario que iba a generar la remodelación del estadio de La Romareda.
Sin embargo, el proyecto se fue al traste y el edificio de las oficinas terminó siendo comprado en abril del año pasado por Cerro Murillo, una inmobiliaria de Ibercaja, en un intento in extremis de obtener liquidez por parte de Iglesias que en medios políticos fue interpretado como un balón de oxígeno --para el Real Zaragoza y para el Grupo Codesport-- auspiciado por la DGA. Otras cajas se hicieron con bienes de firmas de Iglesias en esas fechas.
La rocambolesca operación inmobiliaria terminó con el Real Zaragoza SAD ocupando el edificio como subarrendado de Zaragoza Real Estate --ya había sido su inquilino tras el primer traspaso--, que a su vez se lo había arrendado a Cerro Murillo nada más cerrar la venta.
La APARZ considera que esta operación causó un grave quebranto a la compañía deportiva --algunas fuentes lo cifran en siete millones de euros--, por lo que ha decidido poner en marcha los resortes judiciales. La generación de pérdidas a las empresas que terminan en concurso es una de las pocas causas que permiten a los jueces apartar de su gestión a los administradores.
