El fabricante de automóviles Opel, perteneciente al grupo General Motors, pretende que España aporte entre 400 y 500 millones de euros en avales para financiar su plan de reestructuración, que supondrá un coste total de 3.300 millones de euros y que contempla el recorte de 8.300 empleos (900 en la planta de Figueruelas).

La empresa pretende que el grueso de los apoyos financieros para su financiación recaiga en Alemania, a la que ha solicitado garantías crediticias por importe de 1.500 millones de euros, según informa el diario Financial Times.

No obstante, esta solicitud ha topado con la posición del grupo de trabajo constituido por responsables de los ministerios de Economía y Finanzas del Gobierno alemán. Miembros de este grupo no ven claro el plan de ajuste de Opel, pese a que cuenta con el aval de un auditor independiente, Warht & Klein, que lo considera "viable".

La matriz General Motors (GM) ha aportado otros 600 millones de euros para financiar el plan de reestructuración, cantidad que, sumada a los 1.500 millones que Opel espera recibir de Alemania, reduciría a 1.200 millones los avales que la empresa prevé obtener de otros países en los que tiene presencia industrial.

Toda vez que el plan de reestructuración contempla el cierre de la fábrica belga de Amberes, Opel no pedirá respaldo financiero al Gobierno belga. Por tanto, el grueso de esos 1.200 millones restantes se repartiría entre España y Reino Unido, países a los que el grupo pedirá avales por importe de entre 400 y 500 millones, siempre según Financial Times.

NEGOCIACIÓN El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, declaró el pasado martes que el posible apoyo financiero que España y Aragón podrían aportar para la reestructuración de Opel está supeditado a la puesta en marcha de un plan industrial para la factoría de Figueruelas que cuente con el respaldo de los trabajadores de la fábrica.

En la misma línea se posicionó ayer el consejero de Economía, Alberto Larraz, tras mantener un encuentro con la comisión permanente del comité de la factoría aragonesa. En esta reunión, los sindicatos explicaron sus puntos de vista respecto a los dos expedientes de regulación de empleo presentados por la empresa, uno para el despido de 900 trabajadores y otro para la suspensión temporal de 600 contratos. Larraz consideró que entre la propuesta de la empresa y la de la mayoría del comité "hay un espacio para la negociación". A su juicio, la oferta de la empresa han mejorado con respecto a las que planteaba Magna, que era "bastante peor", recordó.

"POCA PRESIÓN" Larraz apuntó que ahora hay que dar el "tiempo legal" para que comiencen las negociaciones, que necesitan "de relajación y poca presión". También comentó que ayer mismo solicitó a GM más información para completar toda la documentación referente al expediente del regulación de empleo. En concreto, un plan de viabilidad y otro de acompañamiento al problema social que se va a originar por la pérdida de los empleos, es decir, detallar "cómo se van a hacer los despidos".

Larraz confió en que no se alarguen los plazos legales en la negociación, ya que, agregó, "llevamos muchos meses de trabajo y la empresa debería estar concentrada en pelear con otras automovilísticas el mercado, que está muy complicado".

La próxima reunión con la empresa está prevista para hoy en la planta de Figueruelas. En ella la dirección de la multinacional dará su punto de vista sobre la contrapropuesta presentada por la mayoría del comité.