Una mujer judicialmente conocida como Molinos 1, pero cuya identidad sigue siendo uno de los secretos mejor blindados de Aragón, se presentó la fría mañana del jueves 27 de diciembre del 2007 en la Jefatura Superior de Policía. Sus palabras y un manojo de papeles pusieron al recién creado Grupo de Blanqueo sobre la pista de lo que quince meses después, el 18 de marzo del 2009, se revelaría como la mayor trama de corrupción urbanística detectada en la comunidad: era la Operación Molinos, en la que el juez de La Almunia tiene imputadas a 46 personas por una retahíla de delitos que incluye la práctica totalidad de los administrativos y económicos tipificados en el Código Penal.
Cuando llegó Molinos 1 --de eso hace ya 1.502 días--, el Grupo de Blanqueo acababa de nacer. De hecho, sus ocho fundadores --seis de la Policía Judicial de Zaragoza y dos adscritos de la Brigada Central-- estaban cerrando flecos de sus anteriores destinos, todos ellos vinculados con la investigación de delitos económicos. La creación de la unidad había sido iniciativa del entonces jefe superior de Policía, Leoncio Lorente, que, a la vista de las expectativas que generaban proyectos como la Expo e ideas como Gran Scala, decidió crear un grupo especializado en asuntos de corrupción. Buscaba especialistas para combatir a los delincuentes de cuello blanco.
La Operación Molinos fue su primer caso. Aprobaron con nota. "La denuncia era genérica. Había que centrar los delitos y a sus autores", explica el inspector que dirige el grupo, que abre sus puertas por vez primera a un medio de comunicación. Tuvieron dos aliados: Alfredo Lajusticia, el joven juez destinado unos meses antes al Juzgado número 1 de La Almunia, y Victoria Esponera, la fiscal especializada en delitos económicos y tributarios. "Dar con un juez que quiera entrar en un tema así y no te cierre las puertas ayuda mucho", anota el policía.
Sigilo
Ahí comenzaron unos meses de trabajo frenético que llevaron con un sigilo sepulcral. Escrutaban las hasta 150 llamadas telefónicas que en un día llegaban a entrar y salir de los teléfonos de los sospechosos --"fueron cerca de 2.000 horas" de escuchas, señala-- y analizaban la documentación que iban reuniendo. Trabajaron con dedicación exclusiva al asunto durante interminables jornadas sin que el resto de grupos de la Policía Judicial supiera en qué andaban pese a su constante presencia en la sala de escuchas. "Trabajamos a pleno rendimiento, no había ni tiempo para el café". Solo unos pocos mandos de Jefatura --aparte del juez, el secretario, la fiscala y algún funcionario-- conocían las pesquisas.
Sus compañeros se enteraron del asunto el 18 de marzo. A primera hora de esa mañana, y tras los seguimientos previos del Grupo de Apoyo Operativo para centrar a los objetivos, un dispositivo de 142 policías --toda la Judicial de Zaragoza, salvo un grupo citado a juicio-- y 10 agentes de Vigilancia Aduanera desataba el mayor operativo policial contra la delincuencia común desplegado en Aragón: practicaron 17 detenciones y, con el apoyo de 13 secretarios judiciales, efectuaron veinte registros de domicilios y empresas, trece de ellos simultáneos.
El dispositivo incluyó, dos días después, la apertura de varias cajas de seguridad en entidades financieras. Bingo: una --a nombre de la hermana de la exalcaldesa de La Muela-- contenía 378.000 euros en efectivo; en otra, controlada por el jefe de Aranade, Julián de Miguel, había medio millón en bin laden --billetes de 500 euros-- y cuatro lingotes de oro de casi un kilo cada uno. "Se te encienden los ojos al ver lo que hay. Ves que no te has equivocado".
Análisis
Luego vino la fase de análisis de la documentación intervenida --alrededor de 40.000 de los más de 80.000 folios de la causa son informes redactados por el Grupo de Blanqueo, que necesitó habilitar un nuevo despacho para poder almacenar el papel incautado--, el cierre de flecos, más interrogatorios, nuevas detenciones... Meses de trabajo hasta armar una causa judicial con 46 imputados --varios, por delitos fiscales denunciados por la Agencia Tributaria-- en la que descubrieron pelotazos, mordidas, trasiegos de millones en dinero negro y sonrojantes conchabeos de políticos y empresarios.
El Caso La Muela también tuvo una polémica jurídica en torno a la validez de las escuchas, convalidadas por la Audiencia. "Para mí, estaban más que justificadas", anota el jefe del grupo.
Denunciar
A la Operación Molinos, el caso emblemático de corrupción en Aragón, le siguieron otros como el del exconcejal Antonio Becerril y el empresario muelano Carmelo Aured, la presunta malla de corruptelas en Mallén y el caso de los permisos mineros. Entre los cuatro suman 66 imputados en los juzgados --Aured está en dos causas-- con otros 12 en capilla. Los hay de todos los pelajes: del PSOE, del PP y del PAR; cargos públicos, empresarios, funcionarios y familiares políticos; zaragozanos, oscenses, navarros, guipuzcoanos y un alemán. Sin distingos.
El Grupo de Blanqueo, que tiene en el análisis documental una de sus tareas clave, compagina las pesquisas sobre la delincuencia de cuello blanco con el apoyo a otras unidades. Así, es frecuente que completen trabajos de Estupefacientes y de Robos con investigaciones patrimoniales sobre el destino del botín que amasan las bandas.
Son pocos los casos de corrupción que llegan al juzgado. Básicamente, porque quien tiene la información para perseguirlos teme que pueda terminar arrollado por la investigación o sufrir represalias. "Es muy importante que tanto los particulares como los estamentos públicos denuncien asuntos de este tipo", señala el jefe del Grupo de Blanqueo, que anima a hacerlo. "Tenemos capacidad para atender a la gente", añade.
