Los particulares y los empresarios tendrán que informar de todas aquellas cuentas bancarias abiertas en el extranjero. Este es otro de los puntos que incluirá el plan antifraude que aprobará mañana el Gobierno. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha adelantado este aspecto, que se suma a la limitación de las operaciones en efectivo a 2.500 euros.
En cuanto a las cuentas en el extranjero, la obligación afectará tanto a los "titulares que sean beneficiarios", como a "los que figuren como autorizados o con poder", según la Agencia Tributaria. Esta obligación de información se extenderá a otros títulos, valores o derechos representativos del capital social de empresas, así como de seguros de vida o invalidez, bienes muebles o inmuebles contratados con entidades establecidas en otros países.
Montoro ha realizado este anuncio mientras defendía en el Congreso la amnistía fiscal que permitirá a los defraudadores librarse de sanción previo pago de un gravamen especial del 10%. El Gobierno espera aflorar 25.000 millones de euros con esta medida, de cuya efectividad ha dudado incluso la Comisión Europea y recaudar unos 2.500 millones. En la última iniciativa de este tipo, Italia logró que entraran en el circuito económico oficial unos 100.000 millones, de los que recaudó unos 5.600 millones a través de un gravamen del 5%.
