El Gobierno de Aragón se exime de responsabilidades en la caída de CAI

El Gobierno de Aragón no ha tenido ninguna responsabilidad directa en el hundimiento de Caja Inmaculada (CAI) ya que las competencias de supervisión, inspección y disciplina financiera de la entidad recaían en el Banco de España. Y al contrario de lo ocurrido en otras comunidades, no ha habido politización ni intromisión del Ejecutivo regional en la gestión de la caja, cuya crisis se debió fundamentalmente a una excesiva inversión en el negocio inmobiliario.

Es la tesis que defendieron ayer sin apenas variaciones tres exconsejeros de Economía, los socialistas Eduardo Bandrés (1999-2006) y Alberto Larraz (2006-2011) y el popular Francisco Bono (desde el 2011 y hasta la actualidad), durante su intervención en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón.

Para Bandrés, aunque la ley aragonesa de cajas aludía a la inspección, la DGA nunca se planteó ejercerla al entender que esa competencia recaía en el Banco de España (BdE), como ratificó el Tribunal Constitucional y dejaba entrever la propia norma. El organismo supervisor, agregó, "no permitía ninguna interferencia". "No dejaba meter la nariz a nadie", enfatizó.

Bandrés dudó, sin embargo, que la labor inspectora del BdE "se ejerciera bien" a la vista de los resultados de la crisis bancaria. También fue crítico por cómo el Gobierno español encauzó esta crisis, ya que en el 2008 "tuvo la oportunidad de resolver el problema de solvencia" del sector financiero. "Se podían haber hecho antes los deberes".

El exconsejero en la etapa de Marcelino Iglesias no quiso señalar culpables en CAI, pero opinó que si en otras cajas hubo un "exceso de politización" --como en las valencianas--, en esta pudo haber un "exceso de poder" de los directores generales, algo que consideró intrínseco al devenir de estas entidades. Además, nunca recibió alertas que le advirtieran de riesgos a futuro o anomalías en la caja.

INHIBIDO Bono apenas ofreció explicaciones ya que cuando accedió al cargo se inhibió en materia de cajas por su pasado como directivo de Ibercaja. "En absoluto me siento corresponsable, no he tenido nada que ver con CAI", afirmó, al tiempo que recordó que desde el 2010, al bancarizarse las cajas, el Banco de España dejó de informar a la DGA sobre su labor inspectora.

Su predecesor, Alberto Larraz, atribuyó la crisis de CAI a su "desastrosa" gestión de la banca de inversión, por el "ladrillo fundamentalmente", y no a su banca comercial, cuyo funcionamiento tachó de ejemplar. A su juicio, la "inercia de ese mal negocio" fue letal, pese a las correcciones que la entidad empezó a aplicar tras una auditoría del BdE del 2007. "Hice mucho más de lo que correspondía", afirmó, pero en el 2007 el "daño estructural" ya estaba hecho "en un 95%".

Sobre el supervisor, estimó que desarrollaba "un control exhaustivo" de la entidad. La relación de la DGA con este organismo fue "excelente", apuntó, "pero no siempre estábamos de acuerdo, había un decalaje sobre el volumen del problema" del ladrillo en CAI, que para la DGA era mayor del que veía el BdE.

José María Bescós, delegado de la DGA en la comisión de control de CAI (200-2011), dijo --en un tono irónico-- que su función era la de "un comisario político", que tenía voz y no voto.

La comisión de investigación vivirá hoy su última y más esperada sesión al comparecer el exdirector general Tomás García Montes (2005-2009), señalado como el principal responsable del ocaso de la caja, y de Ramón Marrero, exsocio en los negocios inmobiliarios en Andalucía. Ambos están imputados en la querella presentada por CAI contra ellos, por lo que sus declaraciones cobran especial relevancia.

Por otra parte, el órgano parlamentario anunció ayer que analizará la documentación remitida por el exdirectivo Carlos Montón, que según este probaría las irregularidades en la caja que denunció la semana pasada.