Aragón inspeccionará el transporte para luchar contra el intrusismo

El Gobierno de Aragón actuará a través de la inspección para hacer frente al denominado «dumping social» en el que incurren las empresas de transporte para pagar salarios más reducidos y reducir costes a través de la contratación de transportistas de países con normativas más laxas.

De hecho, ya se está tramitando un expediente sancionador contra una cargadora que subcontrata a camiones de otros países y que podría conllevar sanciones de hasta 70.000 euros por el riesgo que para la seguridad vial y social supone esta práctica.

Así lo anunció ayer el consejero de Movilidad y Vertebración del Territorio, José Luis Soro, tras reunirse en la sede del Gobierno de Aragón con el presidente de la asociación empresarial de transportes de mercancías Tradime, Santiago López-Montenegro, para analizar el intrusismo en el sector y la posibilidad de obligar a los camioneros al uso de las autopistas. Una reunión que Soro calificó de «fructífera, interesante y cordial» y que tenía como objetivo conocer las preocupaciones e inquietudes de Tradime, empresa que cuenta con 700 asociados y dos mil vehículos.

El intrusismo es precisamente una de las cuestiones que más preocupa al sector y a la administración debido a que las empresas contratan transportistas de terceros países que pagan sueldos más bajos, «tiran los precios» y utilizan vehículos más antiguos, con el consiguiente riesgo que conlleva «en todos los sentidos», advirtió Soro.

Dado que la regulación y la reforma del Reglamento de Transportes es competencia estatal, el consejero explicó que el recurso que puede utilizar la administración autonómica es a través de la inspección. No obstante, abogó por una actuación concertada entre todas las autonomías.