Al filo de las 22:00 horas del 26 de octubre de 2020, los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos lograron salvar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Los morados habían amenazado horas antes con no apoyar las cuentas públicas si estas no recogían una reforma de los alquileres y los socialistas terminaron aceptando parte de sus exigencias. Al día siguiente, el 27 de octubre, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron los Presupuestos y un acuerdo adicional para impulsar una ley de Vivienda que recogiera la posibilidad de bajar los precios de los alquileres. Diez meses después, aquel compromiso sigue sin cumplirse y las negociaciones están en punto muerto.
"Se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", reza el texto que Sánchez e Iglesias rubricaron en octubre. Estos mecanismos, se comprometieron, estaría recogidos en una nueva ley de Vivienda que, en el plazo de tres meses, sería aprobada por el Consejo de Ministros y un mes después llegaría al Congreso. Sin embargo, a finales de febrero, ambos socios seguían enredados en la búsqueda de una solución.
Desde entonces, los alquileres han ido sufriendo ligeras bajadas, debido en parte a la pandemia. La menor movilidad geográfica y el número de pisos destinados al turismo que entraron en el mercado tradicional provocaron una caída de los precios que, poco a poco, se han ido recuperando. El Banco de España, en un informe emitido a principios de agosto, apuntaba que vivir de alquiler en Barcelona o Madrid es un 82 % más caro que en el resto de ciudades españolas. Y, por lo pronto, así seguirá siendo ante la incapacidad de socialistas y morados de acordar medidas que lo eviten. La disputa residen en la redacción que hace referencia a una "eventualmente bajada de los precios". Los socialistas se niegan a intervenir el mercado de esta forma y los morados se aferran a lo pactado.
Recambio de equipos y tensiones
Esas cuatro palabras -y toda la carga política y las consecuencias económicas que pueden conllevar- han provocado en el seno del Gobierno de coalición más de un roce. El exvicepresidente segundo llegó a acusar al exministro de Transportes, José Luís Ábalos, de "tensar" la alianza al "traicionar" lo pactado en materia de alquileres. Iglesias llegó a marcarse como objetivo principal antes de salir del Ejecutivo para concurrir a las elecciones madrileñas la aprobación de la Ley de Vivienda con una regulación de los alquileres. Pero, a la vista está, no pudo.
La ministra de Derechos Sociales y nueva líder de Podemos, Ione Belarra, tomó en abril el relevo de Iglesias y la interlocución con Ábalos. Sin embargo, las propuestas que cada equipo puso sobre la mesa fueron rechazadas de plano. Dos meses después, el que fuera responsable de Transportes anunció que el Gobierno recurriría la ley catalana de vivienda que habilitaba poner límites a los precios del alquiler. Una vez más, los arrendamientos volvieron a abrir grietas en la coalición.
El pasado julio, en la crisis de Gobierno que abrió Sánchez, Ábalos abandonó el Ejecutivo y fue sustituido por la exalcaldesa de Gavà (Barcelona) Raquel Sánchez Jiménez. A priori, los morados observaron con buenos ojos este recambio pues la barcelonesa había pedido regular los alquileres durante su mandato en el Ayuntamiento. Sin embargo, su llegada al ministerio paralizó las negociaciones a la espera de que se pusiera al día de todos los temas. Por el medio, además, llegó agosto y las vacaciones veraniegas. Fuentes moradas explican que, a día de hoy, solo han mantenido una reunión con Sánchez Jiménez en la que se mantuvo en la línea de Ábalos. Sigue sin haber acuerdo.
Sin una solución conjunta
La última propuesta que los socialistas pusieron sobre la mesa a mediados de junio, explican fuentes de la negociación, fue poner tope a los alquileres en aquellas zonas que se declaren tensionadas por un periodo de tres años. Esta medida se aplicaría también a nuevos contratos. Es decir, durante este periodo de tres años, los propietarios no podrían alquilar los inmuebles por una cuantía superior a la del anterior contrato. Además, mantienen su planteamiento de ofrecer incentivos fiscales a los dueños de pisos que rebajen los precios. Fuentes del Ministerio de Transportes explican que la intención es ofrecer "seguridad jurídica" y confían en cerrar pronto este aspecto, el único pendiente de la nueva Ley de Vivienda.
Al día siguiente, el Ministerio de Derechos Sociales rechazó la medida. La única solución, insistieron entonces y ahora, es poner en marcha mecanismos que permitan "bajar" los precios. La contrapropuesta que lanzó la secretaria general de Podemos es que los nuevos contratos de alquiler, en las zonas tensionadas, deberán adecuarse a los índices de referencia de precios del Ministerio de Transportes. De esta forma, si un propietario renueva o firma un nuevo contrato tendrá que rebajar el precio hasta el tope marcado. Además, plantean que si el precio del contrario anterior estaba por debajo del índice deberán mantenerse igual.
Pese al cúmulo de propuesta de cada partido, diez meses después siguen sin cumplir con su compromiso y las subidas abusivas del precio de los alquileres se siguen produciendo.
