Las renovables exigen ya al próximo Gobierno otra prórroga para evitar el colapso de mil plantas verdes

El Gobierno ha dado un balón de oxígeno a cientos de proyectos de nuevas renovables para que sigan vivos. El 'macrodecreto' escoba aprobado esta semana por el Consejo de Ministros incluye una extensión de seis meses adicionales para que plantas de energías renovables en proyecto consigan la autorización de construcción.

Una prórroga que para cientos de plantas supone una salvación ‘in extremis’ porque, si no obtenían en menos de un mes (antes del 25 de julio) ese permiso, los proyectos perderían su codiciado punto de conexión a la red eléctrica y tendrían que volver al inicio del largo proceso burocrático que dura unos cinco años.

La prórroga concedida en el decreto ómnibus de final de legislatura supone un respiro para casi un millar de proyectos verdes que se exponían al colapso inminente. Pero desde el sector de las renovables se alerta de que la medida es sólo un parche para solventar el problema inminente que se avecinaba, y que en los próximos años la industria renovable afronta un atasco aún mayor para conseguir tener operativas las plantas a tiempo que el actual Ejecutivo ha dejado sin solventar.

Las compañías eólicas y fotovoltaicas alertan de que el gran problema se producirá después. El Gobierno ha concedido seis meses más para obtener ahora la autorización de construcción, pero mantiene intactos los plazos de que las plantas estén funcionando cinco años después de iniciar la tramitación (en la mayoría de los casos deben estar plenamente operativas antes del 25 de junio de 2025).

Hará falta aún más tiempo

El sector renovable advierte de que el riesgo de colapso se producirá por la concentración de todos los trabajos de construcción de las plantas sólo en los próximos dos años. Y es por ello que desde las empresas promotoras de proyectos verdes critican que el Gobierno no haya concedido más tiempo para cumplir el resto de hitos administrativos, con plazos mayores para entrar en funcionamiento, y exigen que el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 23J apruebe otra prórroga para evitar el colapso de cerca de un millar de plantas ahora en tramitación, según apuntan varias fuentes del sector renovable a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El sector renovable alerta de la saturación a la que se someterá a las cadenas de suministro para poder construir las nuevas plantas en tan corto periodo de tiempo. No se trata sólo de lograr tener a tiempo los paneles solares o los aerogeneradores, sino de conseguir compañías para realizar los trabajos de construcción, el transporte de los equipos, las grúas para instalarlos, de que haya mano de obra suficiente… cuando todo el sector se esté disputando los mismos servicios para tener listas sus plantas.

En paralelo, las empresas renovables alertan de que precisamente las dudas sobre que sean capaces de conseguir cumplir los plazos de los proyectos está dificultando obtener la financiación necesaria de los bancos. Los pequeños y medianos grupos energéticos sin suficiente músculo financiero para cubrir con capital propio las inversiones necesarias se exponen a no conseguir la financiación para seguir adelante.

Mil plantas con 68.000 MW, en vilo

El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 megavatios (MW) obtuvieron la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA) para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas.

Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central (para proyectos de más de 50 MW) o de las comunidades autónomas (para los de menor tamaño) la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y ahora les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio.

Proyectos por 15.000 MW ya habían conseguido este último permiso, pero los 43.000 MW restantes se exponían a decaer en unas semanas por el atasco burocrático y porque en muchos casos se les había requerido modificaciones al proyecto o nuevas exigencias que hacían imposible cumplir con el plazo. Además de estos 43.000 MW cuyo tiempo se agotaba de manera inminente, plantas de otros 10.000 MW que disponían de más tiempo y que tenían que obtener los permisos más adelante, también se beneficiarán de la prórroga de seis meses, explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

"El Gobierno ha resuelto un problema a corto plazo, pero se ha olvidado de que el gran problema es el que tendremos a medio y a largo plazo. Es un respiro que se den seis meses mes para obtener los permisos de construcción, pero va a ser imposible que todas las plantas autorizadas estén en marcha en los plazos previstos", sentencian fuentes del sector.

En total, un millar de proyectos por un total de 68.000 MW deben afrontar sus trabajos de construcción en poco más de dos años (58.000 MW antes del 25 de junio de 2025 y los otros 10.000 MW con plazos algo superiores). “Es indudable que hará falta otra prórroga. Es inevitable que el próximo Gobierno tendrá que dar más tiempo para evitar que cientos de plantas acaben por colapsar”, indica otro ejecutivo del sector.

Urgente o no

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, se argumenta que no era posible incluir en el real decreto de esta semana la prórroga de plazos administrativos que expiran a mediados de 2025 porque no podían justificarse como una medida urgente. Una explicación que la industria renovable rechaza porque las dificultades para obtener financiación bancaria y la necesidad de empezar a llegar acuerdos ya con proveedores convertían en urgente la aprobación de esa prórroga de plazos también para conseguir el último permiso administrativo de puesta en servicio de las instalaciones.

El Gobierno ha lanzado este miércoles el proceso para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta verde del país hasta 2030, para disparar los objetivos de despliegue masivo de energías limpias y de reducción de emisiones para avanzar hacia la descarbonización de la economía.

El borrador de la nueva versión catapulta los objetivos de más renovables (con mucha más energía eólica, más fotovoltaica, más hidrógeno verde, más almacenamiento eléctrico…) con un 56% más de energía verde adicional en relación al plan vigente, aprobado hace tres años. De los 59.000 megavatios (MW) en una década -entre 2021 y 2030- previstos en la anterior versión el Ejecutivo plantea ahora elevar ese objetivo hasta un total de 105.000 MW nuevos más. En la práctica, la nueva meta supone que hay que incrementar en 85.000 MW la potencia verde actual.

Desde el sector de las renovables se advierte al Gobierno -al actual y al que salga de las próximas elecciones generales, sea del signo político que sea- de que para alcanzar la ambiciosa meta de nuevas renovables del nuevo PNIEC es imprescindible evitar el colapso de los 68.000 MW de nueva potencia en verde ahora en tramitación.