El Gobierno blinda Telefónica con un nuevo núcleo duro español frente a Arabia Saudí

 El Gobierno se moviliza para defender la autonomía y la españolidad de Telefónica. El Consejo de Ministros ha aprobado un movimiento estratégico y ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a comprar una participación del 10% de la compañía, confirmando el regreso del Estado al accionariado de la teleco un cuarto de siglo después de su privatización total.

La irrupción de Arabia Saudí en Telefónica y su intención de convertirse en el mayor accionista del grupo -anunciada hace algo más de tres meses- finalmente ha desatado otros movimientos en el capital del grupo. SEPI ya había confirmado que estaba valorando tomar una participación en el grupo y ahora el Ejecutivo da luz verde al movimiento accionarial que supondrá invertir en torno a 2.000 millones de euros, según la capitalización actual del grupo (inferior al momento de entrada del grupo árabe, que pagó 2.100 millones por su 9,9%)

El Gobierno aprueba la compra del 10% de Telefónica por la SEPI

Saudí Telecom (STC), la operadora controlada por el Estado saudí, confirma su intención se seguir con sus planes de alcanzar una participación del 9,9% y el Gobierno español ahora toma medidas para contrarrestarlo. De momento, la teleco saudí cuenta con un paquete directo del 4,9% y derivados financieros por otro 5% adicional que aún debe ejecutar. STC debe pedir permiso al Gobierno si quiere ejercer un control accionarial en Telefónica por encima del 4,9% o, sin superarlo, si pide un asiento en el consejo de administración del grupo español. Tres meses después de la operación, la operadora saudí sigue sin mover ficha y no ha formalizado la petición.

El Gobierno aprueba la compra del 10% de Telefónica por la SEPI

Reforzar núcleo estable

La entrada de SEPI permitirá conformar un reforzado núcleo estable de socios españoles en su intento de blindar el control de un grupo que el Gobierno considera estratégico, por su vinculación con defensa y la seguridad nacional y por su papel clave en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología. El holding público ha comprometido su “vocación de permanencia” para proporcional “mayor estabilidad accionarial”.

El nuevo núcleo duro de accionistas españoles lo integrarían la propia SEPI con esa participación de hasta el 10%, junto a los dos grandes socios que han venido dando estabilidad accionarial a la compañía y que tienen intención de seguir haciéndolo: BBVA (4,87%) y Caixabank (3,5%, que suma otro 2,5% en manos Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa). La suma de los tres paquetes superaría el 20% del capital de la teleco y desbordaría con creces el 9,9% al que aspira controlar Arabia Saudí.

La vuelta del Estado

La adquisición de esa participación supondrá el regreso del Estado al capital de Telefónica 24 años después. Durante los noventa, los gobiernos de Felipe González y José María Aznar diseñaron y ejecutaron varios proceso de privatización que quedaron formalmente concluidos en 1997, pero que se completaron definitivamente hasta la venta en 1999 de la última participación pública residual del 0,2% que aún quedaba.

La regreso del Estado español al capital de la compañía emula las participaciones directas que tienen otros Gobiernos europeos en su grandes telecos: Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,4% en Orange; e Italia ha adoptado un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

La fuerza de SEPI

SEPI ya ha protagonizado en el último año movimientos corporativos para velar por la españolidad y por el control de empresas que se consideran estratégicas. El holding público ha elevado su participación en la tecnológica Indra, que el Gobierno quiere impulsar el gran grupo nacional de defensa, y ya controla casi el 28% tras comprar la participación de Corporación Financiera Alba, de la familia March.

SEPI es el brazo inversor con el que el Estado controla multitud de empresas total o mayoritaramente públicas, como Correos, Navantia, RTVE, Agencia Efe, Tragsa o Enusa. El holding también controla participaciones minoritarias en grupos de sectores estratéticos, como el grupo aeronáutico Airbus (4,12%), Alestis Aerospace (24,05%), Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), el grupo de residuos nucleares Enresa (20%), el grupo de satélites Hispasat (7,41%), el grupo aéreo IAG (2,53%) o el gestor del sistema eléctrico Redeia (20%).

La entrada de Arabia

Saudi Telecom aspira a convertirse en el principal accionista de la Telefónica, con una participación del 9,9%, y para conseguirlo debe contar con el permiso explícito del Gobierno español. Transcurridos más de tres meses desde que STC anunció su entrada en el capital de Telefónica, el grupo saudí sigue sin formalizar la solicitud de autorización ante el Gobierno para completar el control del paquete accionarial del 9,9%, sigue sin desvelar cuándo lo hará y sigue sin confirmar si solicitará sentarse en el consejo de administración del grupo español.

El Gobierno ha insistido durante estos meses en destacar el carácter estratégico de Telefónica para España y su intención de velar por la autonomía de la compañía y por los intereses nacionales en todo momento. Ahora el Ejecutivo moviliza a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, para su entrada en el accionariado de la teleco como posible escudo.

Un movimiento que crearía un contrapeso español en el accionariado sin necesidad de vetar que STC complete la compra del 9,9%, lo que podría generar un choque con un socio económico clave para España como es Arabia Saudí (tradicional proveedor de petróleo y cliente preferente de grupos estratégicos nacionales como Navantia, grandes constructoras o del consorcio del AVE a La Meca).

Saudi Telecom, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, se mueve para tranquilizar los ánimos y confirmar las intenciones amistosas de la operación. Saudi Telecom aprovechó la presentación de sus resultados trimestrales para prometer "cooperación" con Telefónica y mostrar su plena "confianza en el crecimiento y el potencial al alza" del grupo comandado por José María Álvarez-Pallete.

Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española y otro 5% de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. El grupo saudí actualmente sólo puede ejercer los derechos de voto correspondientes a ese paquete directo del 4,9%, y fuentes conocedoras de los planes de la compañía árabe confirman que su intención sigue siendo ejecutar esos derivados para alcanzar la cota del 9,9%.

La operadora árabe debe pedir permiso al Ministerio de Defensa y contar con el ‘ok’ posterior del Consejo de Ministros si pretende ejercer los derechos políticos hasta el 9,9% o si confirma su intención de tener presencia en el consejo de administración de Telefónica, como establece la regulación del ‘escudo antiopas’ para empresas estratégicas vinculadas con defensa. El Gobierno no puede tomar una decisión sobre la participación saudí si el nuevo inversor no mueve ficha y activa el proceso para superar la cota actual.