Los Veintisiete acuerdan unas nuevas reglas de deuda y déficit más exigentes

A tan solo diez días de que se desactive la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que ha permitido mantener en suspenso las reglas de déficit y deuda pública desde la irrupción de la pandemia de covid, hace más de tres años, y con ello, la barra libre en el gasto público-, los ministros de Economía y Finanzas de la UE han logrado cerrar este miércoles un acuerdo político sobre la nueva arquitectura de la gobernanza económica. Lo acordado, concede margen y flexibilidad a los gobiernos para establecer sus sendas de ajuste presupuestario, pero con requisitos estrictos de reducción del déficit y la deuda.

Las nuevas reglas obligarán a realizar ajustes exigentes a países como España, con una deuda por encima del 100% del PIB y un déficit público que Bruselas estima en el 3,2% en 2024.

"Ha sido largo, intenso y difícil pero finalmente hemos logrado tener el mejor acuerdo posible en el mejor momento", ha destacado tras la reunión por videoconferencia la vicepresidenta primera del Gobierno en nombre de la Presidencia semestral española del Consejo, Nadia Calviño. Según ha explicado, el pacto cerrado por unanimidad es "equilibrado", entre las tesis más duras defendidas por Alemania y la flexibilidad reclamada por Italia, Francia y la propia España, y "dará certidumbre a los mercados financieros y claridad a los ciudadanos".

El sprint final, bajo la batuta de quien a principios de de 2024 se incorporará al Banco Europeo de Inversiones (BEI) como presidenta, se ha producido menos de veinticuatro horas después de que Francia y Alemania, con sus ministros Bruno Le Maire y Christian Lindner al frente, protagonizaran un último encuentro en París para resolver sus últimas diferencias, en contacto con Italia. En la última reunión del Ecofin, celebrada el pasado 7 y 8 de diciembre en Bruselas, no fue posible solventar todos los escollos. Se quedaron cerca, al llegar París y Berlín a consensuar entre el 90 y 95% del texto. Pero quedaron flecos por cerrar en los que ha seguido trabajando desde entonces la presidencia española de turno.

Negociación con la Eurocámara

La reforma, que mantiene intactos los pilares del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda, tendrá ahora que ser negociada con el Parlamento Europeo antes de que pueda ser aprobada definitivamente. La intención es lograrlo durante la primera mitad de 2024, antes del final de la legislatura europea. "Si las cosas van de acuerdo con el plan, podemos confiar en que tendremos reglas fiscales durante este ciclo político", ha explicado el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombvrovkis, que ha confirmado que las nuevas orientaciones de política fiscal para 2025 se basarán en las nuevas reglas.

El compromiso acordado se basa en "el corazón de la propuesta" diseñada por la Comisión en abril, pero endurece las reglas al introducir requisitos más estrictos impuestos por Alemania para lograr la reducción de la deuda y el déficit. Habrá planes de ajuste plurianuales que cada Estado miembro negociará con Bruselas. Se basarán en una trayectoria técnica propuesta por la Comisión, con sendas fiscales de ajuste a cuatro años aunque ampliables a siete años si los gobiernos se comprometen a hacer reformas e inversiones para impulsar el crecimiento, en línea con los objetivos de la UE para impulsar la transición verde, digital o el gasto en defensa. Todo esto permitirá que "las reglas sean más creíbles y realistas", ha indicado la vicepresidenta Calviño.

Un indicador de gasto

El nuevo ejercicio de supervisión fiscal se basará en un único indicador que será la senda de gasto público primario (que no toma en cuenta el gasto en intereses de la deuda pública). A los países con un déficit público por encima del 3% del PIB (que será el caso de una decena de países el próximo año, según Bruselas), se les exigirá un ajuste estructural del 0,5% del PIB al año, igual que bajo las reglas actuales. El acuerdo incluye, no obstante, una "novedad": hasta 2027 la Comisión Europea tendrá en cuenta a la hora de exigir el ajuste -si el país se compromete a hacer inversiones y reformas- el aumento del pago de los intereses de la deuda debido a la subida de los tipos de interés, lo que suavizará el recorte, tal y como pedía el Gobierno de Giorgia Meloni.

El acuerdo, tal y como ha exigido Berlín desde el minuto uno, también introduce salvaguardas en el llamado 'brazo preventivo' del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) -que es cuando el déficit de los países está dentro del margen del 3% del PIB- para garantizar que los gobiernos, incluso los que tienen las cuentas bajo control, siguen haciendo los deberes y cumplen. En este caso, los países con una deuda pública superior al 90% del PIB tendrán que recortarla cada año en un 1% mientras que los países con ratios de entre el 60 y el 90% tendrán que rebajarla un 0,5%. Además, se ha introducido la llamada 'salvaguarda del déficit': aunque lo países sitúen su déficit por debajo del umbral del 3% del PIB, estos deberán seguir reduciéndolo hasta acercarse al 1,5% con el objetivo de garantizar un colchón presupuestario en caso de “shocks”.

Los principales escollos

El principal escollo en las últimas semanas y horas ha sido el ritmo del ajuste anual, para llegar a ese nuevo objetivo hiperexigente del 1,5%. El acuerdo establece que la velocidad del ajuste del déficit estructural primario será equivalente al 0,4% del PIB, si bien los países podrán reducirlo a un ritmo menor del 0,25% si hacen inversiones y reformas. Es decir, habrá un "incentivo" en forma de un menor esfuerzo para los países que hagan reformas e inversiones.

Otro de los obstáculos en la etapa final ha sido la desviación máxim respecto al techo de gasto pactado en cada plan de ajuste de los respectivos países. Las cifras "están cerca" de permitir un desfase máximo del 0,3% al año y del 0,6% acumulado durante todo el período. No obstante, los desvíos al alza en algún ejercicio deberán ser compensados a la baja en otros, de modo que, según fuentes diplomáticas, la cifra se pondría "a cero" una vez concluido el plan de ajuste.

Sanciones

En cuanto a las posibles sanciones, el acuerdo elimina el tope de acumulación de sanciones del 0,5% del PIB propuesto por la Comisión Europea para el país que incumpla los ajustes exigidos y las limita a un 0,05% del PIB cada seis meses hasta que tome medidas.

"Aunque las negociaciones han añadido cierta complejidad a los textos en comparación con nuestra propuesta, preservan sus elementos centrales: un avance hacia una mayor planificación fiscal a mediano plazo, una mayor apropiación por parte de los Estados miembros de los planes fiscales, dentro. de un marco común y la posibilidad de aplicar un ajuste fiscal más gradual para reflejar los compromisos de inversión y reformas", ha destacado el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni.

“Me alegro de que, tras un largo debate y duras negociaciones, hayamos llegado a un buen acuerdo sobre las normas fiscales de la UE. Es importante que estas normas proporcionen una base sólida para los presupuestos nacionales y que todo el mundo las respete. Esto está en el interés común de todos los estados miembros”, ha valorado la ministra de finanzas de Países Bajos, Sigrid Kaag. Para los Países Bajos, ha sido clave el hecho de que el acuerdo permitirá avanzar "hacia una reducción de la deuda ambiciosa y sostenible" con un marco fiscal que fomentará "las reformas, con margen para inversiones y adaptadas a la situación específica del Estado miembro en cuestión.