Las renovables presionan para activar la ley que bajará la luz y subirá la gasolina y el gas

Es una de las leyes que la crisis energética hizo que se quedaran guardadas en un cajón. Y ahora, con los precios energéticos normalizándose, el Gobierno aún sigue resistiéndose a recuperar. El Ejecutivo aprobó en 2021 un proyecto de ley para revisar el reparto de costes millonarios que soporta el sistema eléctrico con el objetivo de bajar el recibo de luz de manera permanente, pero que provocaría como contrapartida subidas en el precio de los combustibles y del gas natural.

Y como el gas y los carburantes dispararon sus precios durante lo peor de la crisis energética, el Gobierno paralizó en 2022 la tramitación parlamentaria de la norma para evitar echar más leña al fuego y evitar impulsar aún más las subidas en pleno terremoto en los mercados.

La norma que quedó congelada contemplaba la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el recibo de luz deje de cargar con todo el coste de la retribución a las antiguas plantas de renovables reguladas y trasladarlo en parte también a las compañías petroleras y gasistas, lo que supondrá a la postre elevar el precio de carburantes y de la factura de gas natural, no sólo de los clientes particulares, sino sobre todo de los grandes consumidores de la industria española.

El Gobierno sigue defendiendo los objetivos de la ley y la fórmula elegida para conseguirlos, pero considera que aún no es el momento de retomarla y prefiere seguir aplazando la reactivación de su tramitación en el Congreso de los Diputados. "Aún existe incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos, así que no parece que sea todavía el momento de activarlo con inmediatez", explicó hace unas semanas la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Pero es algo que en algún momento habrá que recuperar”, ha advertido.

Las compañías de energías renovables no lo ven así y reclaman resucitar la tramitación de la norma y crear el FNSSE en cuanto se pueda para impulsar la transición energética reduciendo el coste final de la electricidad y trasladando parte de sus costes a los combustibles fósiles. “Hay que potenciar la electrificación de la economía y hacer que la gente tenga incentivos para conseguirlo. La creación del FNSSE se guardó en un cajón y quiza es el momento de recuperarlo”, sostiene José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

El Gobierno ha empezado a retirar algunas de las medidas excepcionales puestas en marcha durante la crisis energética para tratar de frenar la subida del precio de la electricidad y ha iniciado una progresiva subida de los impuestos que se cargan en el recibo de luz con la normalización relativa de los precios. “Con la subida de impuestos la electricidad se encarecerá, se pueden trasladar parte de los costes a los combustibles fósiles. No podemos seguir subvencionando a los combustibles fósiles”, subraya el directo de la patronal solar.

“El sector eólico está a favor de la creación del FNSSE, es fundamental para avanzar en la transición energética”, explican fuentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que expresan el respaldo de la organización a “avanzar en el reparto de esfuerzos entre todos los sectores energéticos”, distribuyendo algunos costes del despliegue de plantas verdes entre el resto de energías para impulsar la descarbonización.

Las grandes eléctricas también respaldar reactivar el proceso de distribución de los costes, pero creen que la reforma del Gobierno se quedaba corta y apuestan por una revisión integral de la fiscalidad de la electricidad para quitar o rebajar tributos e impulsar la electrificación y la transición energética. “El FNSSE como elemento para impulsar la descarbonización no está mal, pero sería mejor que una revisión global que sirviera para profundizar en los objetivos y conseguir otra fiscalidad energética bajo el precepto de quien contamina paga. Las compañías eléctricas soportan 38 impuestos estatales y autonómicos en España”, indican fuentes de Aelec, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP.

El coste de las renovables reguladas

Actualmente el coste de la retribución de las antiguas energías renovables reguladas, unos 4.500 millones de euros este año, se carga íntegramente en el recibo de la luz. El objetivo del Gobierno con la creación de este ‘fondo verde’ era repartir ese coste también con petroleras y gasistas. Esto es, se rebajará la factura eléctrica sacando parte de esa carga millonaria, pero se acabará trasladando en parte también al precio de los combustibles y del recibo del gas.

Las varias intentonas de activar la aprobación de la ley en el Congreso coincidieron con la tensión de los mercados energéticos y con la puesta en marcha por parte del Gobierno de escudos sociales para evitar el impacto en hogares y empresas de las fuertes subidas de los combustibles y de la factura de gas. Así que el Ejecutivo entendió que trasladar nuevos costes a carburantes y gas resultaría contraproducente en un momento en que se adoptaban medidas extraordinarias y con costes millonarios para las cuentas públicas precisamente para bajar el precio de esos productos energéticos.

Según las estimaciones que manejaba entonces Gobierno, la puesta en marcha del FNSSE serviría para descargar al sistema eléctrico de unos costes de 663 millones de euros que se trasladarían a petroleras y gasistas, y éstas se lo repercutirían a sus clientes. En paralelo, también se aprobó y luego se paralizó la tramitación de un otro proyecto de ley para la minoración de los ingresos de las eléctricas por el CO2 no emitido por nucleares, hidroeléctricas y eólica que serviría para recortar los ingresos de las compañías e inyectar a las cuentas del sistema eléctrico de 483 millones de euros. En total, entre las dos nuevas normas se conseguirían unos 1.140 millones extra que dejarían de cargarse a la factura eléctrica.

La gran industria, en alerta

El intento de creación del nuevo fondo de renovables puso en pie de guerra a la gran industria. Una decena de patronales de diferentes sectores industriales alertaron de que la puesta en marcha del FNSSE iba a suponer un golpe milmillonario para la industria y que la medida llegaba en “el peor momento”: en plena crisis energética y con los costes energéticos disparados.

Las patronales Anfac y Sernauto (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia) se unieron para reclamar al Gobierno y a los partidos políticos de la oposición que paralizaran la tramitación de la norma para evitar que el reparto de los costes de las renovables en el gas y los combustibles acabara repercutiendo en las compañías industriales.

La gran industria aplaudía que el coste de las renovables se saque parcialmente de la factura eléctrica, pero reclamaba que no se hiciera comprometiendo la competitividad industrial. Por eso, las asociaciones empresariales propusieron que las retribuciones de las renovables reguladas, con el que se asume el coste de la retribución garantizada por ley de estas instalaciones verdes, se trasladara íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de manera progresiva.