Berkeley lanza una batalla legal de 1.000 millones contra España por el veto a su mina de uranio

El grupo energético y minero Berkeley activa una batalla legal milmillonaria contra España. La compañía ha lanzado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, contra la decisión del Gobierno español de vetar su proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca) y anticipa de manera preliminar que exigirá una compensación de unos 1.000 millones de dólares (unos 921 millones de euros).

Berkeley se queja de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido abrir una negociación sobre el proyecto minero de Salamanca a pesar de los intentos continuos del grupo durante los últimos años y ante esta situación de bloqueo la compañía ha decidido directamente pedir una reclamación millonaria en el centro de conflictos internacionales por considerar ilegal el veto aplicado por el Ejecutivo. “Las acciones de España contra Berkeley Minera España (BME) y contra su proyecto de Salamanca han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía”, esgrime el grupo.

“A pesar del arbitraje, Berkeley sigue comprometido con el proyecto de Salamancia y continúa abierto a un diálogo constructivo con España”, explica la compañía en una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que su filial española cotiza en el Mercado Continuo. “Berkeley está preparada para colaborar con las autoridades españoles para encontrar una resolución amigable sobre la situación de los permisos y mantiene que las conversaciones podrían entablarse a corto plazo”.

El Gobierno ‘entierra’ el proyecto de mina de uranio de Salamanca

La cantidad preliminar de indemnización que maneja Berkeley, que ha contratado los servicios de los bufetes especializados en este tipo de casos Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados, pasa por los 1.000 millones de dólares, lo que convertiría el caso en la mayor reclamación en este tipo de arbitrajes internacionales. España ha recibido decenas de reclamaciones en diversos centros de arbitraje en los últimos años por el recorte de la retribución a las plantas de energías renovables aprobados por los Gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno español denegó a Berkeley en 2021 la autorización de construcción de la planta de fabricación de concentrado de uranio proyectada en el municipio salmantino de Retortillo, cinco años después de la solicitud presentada por el grupo. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, rechazó la solicitud después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informara desfavorablemente sobre el proyecto. El CSN argumentó que su valoración negativa respondía a la “escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrológicos” del proyecto.