POLÍTICA

El Gobierno de Aragón ve indicios de delito en los toldos de Delicias y los llevará a la Fiscalía

La dirección general de Administración Local dio diez días de plazo al gobierno municipal para que resolviera algunas dudas, pero la respuesta ofrecida "las ha agravado", según la DGA. Desde el equipo de Azcón dicen que tratan de «embarrar» el final de la campaña

Proceso de montaje de los toldos de la calle Delicias de Zaragoza.

Proceso de montaje de los toldos de la calle Delicias de Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO

Para sorpresa de nadie, el Gobierno de Aragón ha anunciado este jueves que llevará ante la Fiscalía la polémica subvención de 492.000 euros otorgada por el Ayuntamiento de Zaragoza a la asociación de comerciantes del barrio para colocar 50 toldos en la calle Delicias. Desde el Ejecutivo ya avisaron de sus intenciones en la recta final de la precampaña y ha sido ahora, en el penúltimo día de la campaña electoral, cuando han confirmado que llevarán este caso al Ministerio Público. Los toldos de la calle Delicias entraron en campaña a principios de mes, cuando el Ejecutivo hizo públicas sus sospechas sobre las «anomalías» y «posibles irregularidades» detectadas en el proceso, además de que se había «sobredimensionado» el contrato, ya que la instalación de cada lona costó la friolera de 4.000 euros.

Desde el Ejecutivo han enviado varios requerimientos a la concejala de Mercados, la ahora conservadora Carmen Herrarte (entonces concejala de Cs), solicitándole más información. El 8 de mayo, el director general de Administración Local del Gobierno de Aragón, José Ramón Ibáñez, explicó que se había enviado un último requerimiento. Era el definitivo, según la respuesta del consistorio decidirían si acudían a la Fiscalía. Pues bien, desde el Gobierno aragonés han informado que, lejos de resolver las dudas, el ayuntamiento las había «agravado». «La respuesta, recibida en el último día de plazo (el pasado martes), no solo no contribuye a resolverlas sino que las agrava», explican.

Los motivos

Desde el Ejecutivo justifican su decisión, que coincide con las elecciones, alegando «al deber de tutela financiera y de control de legalidad que tiene conferido». Entre los indicios de delitos detectados señala que «el precio pagado fue seis veces superior al precio de mercado y 13 veces mayor que el que presupuestó la misma empresa adjudicataria en otra actuación similar» en un municipio de Toledo y en 2019. También que el ayuntamiento «no realizó un estudio previo para determinar el importe de la subvención, como está obligado por ley», «que dos de los presupuestos aportados son idénticos a los presentados posteriormente por el beneficiario y un tercero es también idéntico salvo una diferencia poco significativa». Además, añaden, «una de estas compañías consultadas, de hecho, es la misma que luego resultó beneficiaria», Carpas Zaragoza.

Asimismo, desde la DGA aseguran que «hubo una nula concurrencia competitiva y que fue el propio Servicio de Mercados y Promoción el que sugirió a la agrupación de comerciantes que contratase a Carpas Zaragoza».

Los ecos de la campaña electoral

Para el equipo de Jorge Azcón no es casualidad que Lambán anuncie a tres días de las elecciones su decisión. «Responde a la desesperación electoral del ejecutivo socialista», aseguran fuentes municipales, que creen que están tratando de «crear una cortina de humo justo en el momento en que las irregularidades y los indicios de corrupción acechan al Ejecutivo aragonés con la tramitación de las energías renovables en Aragón».

Por ello, enmarcan este anuncio «en la estrategia desesperada de embarrar y confrontar con el Ayuntamiento de Zaragoza» en periodo electoral tras una legislatura en la que, apuntaron, Lambán «ha sido un presidente autonómico que sistemáticamente ha intentado boicotear sin éxito los proyectos de la ciudad» como La Romareda, señalan.