Azcón: "Cuando yo sea presidente..."

Cuántas veces habrá dicho Jorge Azcón eso de «cuando yo sea presidente de Aragón...». Una frase que normalmente encabezaba el que iba a ser un nuevo compromiso con Zaragoza, primero desde su papel de alcalde, y después, como candidato al Gobierno de Aragón. Ahora, y tras ganar las elecciones del 28M, toca cumplir. Tiene cuatro años para que la financiación local sea «justa», tal y como ha reclamado, aprobar la permuta de la calle Embarcadero o aumentar la inversión que prevé el plan de saneamiento de la comunidad en la capital. Entre otras muchas. En definitiva, para cumplir lo que reivindicaba desde el salón de plenos al Ejecutivo, ahora en sus manos.

Las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no acostumbran a ser precisamente buenas. Incluso cuando los dos gobiernos han compartido color ha habido notables diferencias y algún que otro encontronazo. Ahora se abre una nueva etapa en la que debería reinar el entendimiento entre Jorge Azcón (DGA) y Natalia Chueca (Ayuntamiento de Zaragoza). Más allá de que se cumplan las expectativas (y compromisos), se espera una legislatura sin los encontronazos y rifirrafes a golpe de tuit y titular tan habituales entre Javier Lambán y Azcón

Durante la última legislatura, la de los requerimientos, se han judicializado varios asuntos y se han abierto nuevas brechas que tendrán que resolver ahora los populares. Más allá de la operación Romareda, asegurada desde las dos instituciones pero sobre la que sigue sobrevolando la posibilidad del recurso judicial, el futuro presidente del Gobierno tendrá que solucionar una de sus principales reivindicaciones como alcalde de la capital: la financiación local.

Un problema que se agravó todavía más tras la entrada en vigor de la ley de financiación municipal y que, ya en enero, Azcón exigió que se modificara al entender que la capital sufrirá una merma de la aportación autonómica que le corresponde respecto a la ley de Capitalidad.

Desde el Ejecutivo, con Javier Lambán al frente, negaron la mayor y puntualizaban que el convenio de financiación contempla 112 millones en cuatro años por las competencias delegadas, a los que hay que añadir las inversiones en centros escolares, universitarios y de salud.

Solo dos meses después, desde el ayuntamiento zaragozano se enviaron dos requerimientos a la DGA reclamándole al Ejecutivo autonómico más de 12 millones vinculados con las competencias propias, compartidas, directas y finalistas. Le daba tres meses para responder y el siguiente paso era recurrir a los juzgados. Junio era la fecha tope, y en junio, el 17, tomará posesión Natalia Chueca como alcaldesa.

Ahora será el futuro Gobierno de Jorge Azcón el que deba resolver este problema de financiación, aunque no es la primera vez que desde el ayuntamiento se exige una cosa y, cuando se cambia de casa, se niega.

También estará en manos del popular resolver el futuro de la calle Embarcadero, ahora judicializado tras el recurso contencioso administrativo interpuesto por la DGA de Lambán contra el Ayuntamiento de Zaragoza por el «incumplimiento» de los planes urbanísticos de esta zona de la ciudad. Para el alcalde Azcón, el valor de estos suelos ascendía a 11,2 millones y los quería intercambiar para mantener el parking por otros solares en Las Fuentes, Picarral y San José, donde la DGA podría construir 166 viviendas libres.

«A partir del 28 de mayo, cuando tanto Jorge Azcón esté en el Gobierno de Aragón como yo como alcaldesa, llegaremos a esa permuta que ya estaba pactada», aseguró Natalia Chueca en el barrio de Casablanca, rodeada de vecinos a principios de abril. Dependerá de Azcón que este contencioso se retire y se cumpla el pacto ofrecido.

También está judicializado el conflicto de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, donde ahora se encuentran las oficinas del Instituto Aragonés de los Servicios Sociales (IASS) pese a que se aprobó que el uso sería compartido. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimó parcialmente la reclamación del consistorio para ser compensado por la reversión de los suelos cedidos para el inmueble y fijó una indemnización de 4,2 millones que no aceptó la DGA, por lo que recurrió ante el Supremo.

Otra de las reivindicaciones más sonadas en la casa consistorial tiene que ver con el plan de saneamiento de la comunidad que, según el PP, apenas prevé inversiones en la capital. Zaragoza solo recibe un 3% (4 millones en seis años) cuando un «70%» de los ingresos del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) provienen de los contribuyentes de esta ciudad, por lo que exigían una revisión del mismo y que parte de esos ingresos vayan a parar a la construcción de la planta de depuración de La Cartuja.

Este conflicto se agrava porque el nuevo impuesto de los residuos elevará el coste del vertedero de la capital y llega sin inversiones. Además del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid.