La situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos en Colombia sigue siendo motivo de gravísima preocupación. En particular, resulta alarmante del dramático aumento del número de asesinatos, amenazas y actos de intimidación contra líderes sociales y personas defensoras desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC. Según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del 2016 han sido asesinados 482 líderes sociales y personas defensoras, de las cuales 164 han muerto en 2018. Solamente durante los primeros cien días de Gobierno de Iván Duque, se han registrado 120 asesinatos.
El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos, Michael Forst, que visitó el país este mes, ha denunciado que existe un patrón sistemático en estos crímenes. Tras un recorrido de dos semanas por localidades de Cauca, Chocó, Antioquia, el Catatumbo y La Guajira, algunos de las departamentos más afectados, Forst se declaró horrorizado ante la situación de temor e indefensión que padecen líderes y defensores, en particular en las zonas rurales abandonadas por las FARC. Grupos armados ilegales y bandas criminales se disputan el control de estas áreas, en muchas de las cuales se adelanta la sustitución de cultivos ilegales recogida en el punto 4 de los Acuerdos.
El relator Forst cuestionó, no obstante, la postura oficial que atribuye la gran mayoría de los asesinatos a narcotraficantes y delincuentes que actúan de manera aislada. Destacó que muchas de las víctimas lideraban procesos de reclamación y restitución de tierras, a los que se oponen violentamente estructuras paramilitares cuya presencia ha aumentado en las zonas más álgidas. Según Indepaz, el 80% de los homicidios está relacionado con estos procesos e igualmente con la protección de los recursos naturales frente a empresas mineras y vinculadas a la industria de la palma y el banano. Al menos un 30% de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes.
