Jesús Tolmo: "Hace falta una ley de protección internacional que incluya la apatridia"

La Fundación Cepaim es una de las encargadas de gestionar los servicios para solicitantes de asilo en la comunidad autónoma de Aragón. Junto a la Red Europea de Apatridia (ENS), organiza entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre cuatro seminarios web sobre apatridia y asilo. En esos encuentros se hablará sobre la apatridia en Europa o acerca de las reformas legales que necesita España al respecto. Cualquier persona interesada en los derechos humanos puede informarse e inscribirse para participar en Cepaim.org

- ¿Qué es la apatridia?

- Es un problema que en el mundo afecta a unos diez millones de personas, aunque no hay datos exactos. Entre 500 y 800 mil podrían residir en Europa. Una persona apátrida es alguien que carece de nacionalidad conforme a la legislación de ningún Estado, pese a que es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

- ¿Qué consecuencias tiene?

- Supone grandes restricciones para una cosa tan sencilla como irte de viaje con el coche, al no tener pasaporte que te identifique como ciudadano. También impide el acceso a muchas profesiones, para las que te piden la nacionalidad española o de la Unión Europea. Carecer de documentación te dificulta el acceso al matrimonio, a la educación, a la sanidad…

- ¿Cómo se convierte una persona en apátrida?

- Por varias razones. Por ejemplo, hay minorías étnicas en determinados estados a las que no se les reconoce la nacionalidad, como los rohingya en Myanmar. Puede ocurrir en Asam (India), donde se ha establecido un registro de ciudadanía en el que se exige mucha documentación a los residentes, y muchos son emigrantes de los países vecinos que llevan asentados de 30 a 50 años, pero no pueden acreditar su tiempo de residencia y se van a quedar como apátridas. También surgieron personas apátridas en la minoría rusa de las repúblicas bálticas cuando se disolvió la URSS. Y otras lo son como consecuencia de las legislaciones discriminatorias de muchos estados, en los que la nacionalidad no se transmite en plano de igualdad entre el hombre y la mujer. La apatridia afecta asimismo a la comunidad romaní en Europa y a muchos sirios que llegan indocumentados.

- ¿Cuál es el perfil de un apátrida en España?

- El caso típico español son los saharauis, que suponen el 90% de las solicitudes para el reconocimiento de la condición de apatridia. Existe jurisprudencia que ya estableció que tenían ese derecho, pero solamente aquellos que provienen de los campamentos de refugiados de Tinduf. El Tribunal Supremo consideró que, al abandonar el Sáhara durante la invasión de Marruecos, habían demostrado de forma manifiesta que habían renunciado a la nacionalidad marroquí. Otro ejemplo reciente es un caso en el que Rumanía estuvo retrasando, durante al menos cuatro años, el reconocimiento de la nacionalidad a menores nacidos en España de padres de ese país, por lo que no eran reconocidos como rumanos ni como españoles, carecían de documentación y eso dificultaba su acceso a la educación. La Convención de los Derechos del Niño dice que la inscripción de un recién nacido debe ser inmediata, pero hay países que lo demoran.

- ¿Cuántas personas apátridas hay en España?

- Es un dato bastante complejo. Sí que se sabe cuántas personas solicitan cada año ser reconocidas como tal. En el 2011 fueron 92 solicitantes, pero a partir de la jurisprudencia sobre los saharauis aumentó. En el 2013 hubo más de 1.100 solicitudes, en el 2017 y el 2018 hubo picos de hasta 2.400, y ahora nos estamos moviendo sobre las 1.500 solicitudes al año, la inmensa mayoría de saharauis, que obtienen una resolución favorable.

- ¿Tenemos una buena legislación sobre apatridia?

- España fue uno de los primeros países europeos en regular el estatus de apátrida, pero el reglamento se ha quedado un poco desfasado y necesita una reforma para impulsar más garantías. Deberíamos fijarnos en el de Moldavia, que es muy avanzado. El Acnur dice que habría que implementar aspectos como la asesoría jurídica, que no se pueda extraditar al alguien mientras se resuelve su expediente y el acceso a determinados servicios sociales o al trabajo.

- ¿Y hay alguna mejora prevista?

- España está haciendo un esfuerzo. A finales del 2018 ratificó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, y ya lo había hecho con la de 1954. Nuestro país tiene los deberes razonablemente hechos en la protección de estas personas. Pero en Cepaim, como miembros de una Red Europea de Apatridia (ENS), hemos iniciado una campaña para modificar el Código Civil porque aquí la nacionalidad se adquiere cuando eres hijo de españoles, y luego hay una serie de supuestos que dependen del tiempo de residencia. Hay algunos casos en que la adquieres al año, a los dos o a los cinco, como los refugiados. Para los apátridas, el plazo son diez años, lo que supone una discriminación. Estas personas que carecen de nacionalidad deberían tener una protección mayor y debería reducirse de manera importante ese plazo. El Ministerio de Justicia nos ha contado que tiene intención de hacerlo.

- ¿Goza de algún tipo de protección la persona que está esperando a ser reconocida como apátrida en España?

- Esa es una de las cosas que estamos reclamando, porque no acceden a esa protección hasta que no obtienen la condición de apátridas. No ocurre con los solicitantes de asilo o de protección internacional, que tienen acceso inmediato al sistema nacional de acogida y a partir de los seis meses tienen derecho a acceder al mercado laboral, aunque aún no hayan obtenido una resolución solo con la solicitud. Hace falta una ley de protección internacional que incluya la apatridia en los permisos por razones humanitarias que se dan al amparo de la ley de extranjería, y que estas personas tengan las mismas garantías y beneficios que los refugiados.