El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la mayor reforma de la legislación civil y procesal española en décadas. Con este cambio se garantiza el apoyo a las personas con discapacidad intelectual en el ejercicio de su capacidad jurídica o, lo que es lo mismo, el reconocimiento de su igualdad ante la ley, así como la garantía de apoyos para tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

La nueva normativa acerca la legislación española al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Permitirá a los adultos con discapacidad intelectual que tenían su capacidad jurídica anulada, y eran tratados como menores de edad, recuperar el control sobre sus vidas.

La nueva regulación pivotará sobre el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona y sobre el apoyo que esta precise, en función de sus necesidades, acabando la incapacitación total. En su lugar, recibirá apoyos, un concepto que engloba todo tipo de actuaciones, desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.

Asimismo, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. A cambio, la Justicia les proporcionará las ayudas que precisen para que pueda llevar a cabo actos jurídicos como casarse, adquirir un inmueble o hacer un testamento.