No es ni mucho menos un fenómeno nuevo, pero en Cáritas denuncian el rápido aumento de la irregularidad administrativa sobrevenida como una «tendencia alarmante», a juzgar por el creciente número de solicitudes de ayuda que están recibiendo de personas que se encuentran en esta situación. Aseguran que es una realidad que se está imponiendo en la mayoría de los territorios de España, e incluso en pueblos y ciudades pequeñas como Huesca.
Solo en la capital altoaragonesa, unas 300 personas, la mitad de ellas menores, se verán abocadas en los próximos meses a la irregularidad sobrevenida debido a la denegación de sus solicitudes de refugio. Consecuentemente, serán expulsadas de los programas de acogida que gestionan las entidades colaboradoras de la Administración pública. «Hablamos de personas que, de la noche a la mañana, se encuentran en situación de desamparo y vulnerabilidad extrema», alerta Nuria Sastre, coordinadora de Acción Social de Cáritas Huesca.
Con su campaña Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos y vecinas, Cáritas quiere sensibilizar a la sociedad «para que aúne esfuerzos en aras de una convivencia inclusiva, que se materialice en acciones de apoyo que ayuden a resolver las situaciones que viven estas personas», apunta.
España se ha convertido en los últimos años en un destino frecuente para personas solicitantes de asilo y protección internacional, que se ven obligadas a buscar nuevas oportunidades lejos de sus naciones derruidas por la guerra, la injusticia, la delincuencia o la corrupción. «Estas personas, familias en su mayoría, acceden al sistema de asilo y refugio español, pero se encuentran con la barrera de las denegaciones, un muro tan alto como cualquier frontera, pero mucho más cruel», destaca Jaime Esparrach, secretario general de Cáritas Huesca.
Después de ser acogidas y concederles, a los seis meses, una autorización temporal que les permite empezar a trabajar e iniciar un nuevo proyecto vital, su solicitud se resuelve de forma negativa en el 95% de los casos. «No creemos que sea normal», sostiene Sastre, ya que los porcentajes de resoluciones positivas son mucho mayores en prácticamente todos los países de nuestro entorno. «Muchas de las personas que acompañamos son víctimas, en sus países de origen, de realidades que suponen un peligro para sus vidas y las de sus familias. No llegan a España de vacaciones, es una migración forzosa, ya que se ven obligadas o empujadas a dar este paso por las situaciones que viven en sus países», incide Sastre.
Así, estas personas quedan condenadas a una situación de irregularidad sobrevenida, a abandonar sus empleos, a no poder acceder a prestaciones públicas y, sobre todo, a la invisibilidad. Una resolución denegatoria que les emplaza a abandonar nuestro país para regresar a una realidad que, en muchas ocasiones, supone un riesgo para sus vidas, más si cabe en el contexto mundial provocado por el covid-19.
A finales del año pasado, un tercio de los ciudadanos acompañados a través de los programas y recursos para inmigrantes de Cáritas en toda España, unas 120.000 personas, estaban en situación administrativa irregular. Y se trata de un fenómeno al alza, ya que, según Esparrach, «se ha multiplicado por diez en los últimos años».
Por si esto fuera poco, la pandemia ha puesto la guinda al pastel. A causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, miles de inmigrantes se están viendo empujados a la irregularidad administrativa al dejar de tener un empleo fijo, con la pérdida de derechos que ello implica, quedando expuestos a unas condiciones de gran precariedad social.
Ante esta realidad, Cáritas está tratando de promover un cambio legislativo que impida estas situaciones, «que prime la integración social frente al empleo en los casos de renovación de los permisos, y que tenga en cuenta especialmente las situaciones más vulnerables, que son aquellas en las que hay menores a cargo», propone Esparrach.
Sin embargo, «se abre una nueva vía a la esperanza con la reciente publicación de una nueva instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones, que permite la regularización a través de la figura del arraigo laboral, cumpliendo las indicaciones que marca la nueva normativa», apostilla Sastre.
Entre tanto, Cáritas Huesca se ha puesto en contacto con otras oenegés de la capital altoaragonesa y ha impulsado reuniones con el consistorio y la diputación provincial para dar una respuesta humanitaria a las personas que caen en la irregularidad sobrevenida. Al menos, ha conseguido arrancar una declaración institucional a ambas instituciones, que todavía «se tiene que plasmar en recursos concretos que respondan a las necesidades de las personas que estamos acompañando», explica la coordinadora de Acción Social de la organización diocesana.
«Estamos haciendo un esfuerzo para generar alianzas. Se ha conseguido que las entidades sociales compartamos recursos e iniciativas y esperamos que también se sume el Ayuntamiento de Huesca. Además, estamos en diálogos con la DPH para integrar en la respuesta a las comarcas y municipios rurales», añade. «Es necesario un esfuerzo colectivo para asumir de forma compartida y equilibrada la responsabilidad en la protección y acogida de quienes huyen de sus hogares».
Pero esto no es suficiente. El secretario general de Cáritas Huesca opina que hay que «revisar el sistema de asilo y refugio, que ha olvidado su vocación de acogida para convertirse en una herramienta de exclusión». Piden garantizar la plena acogida desde el momento de la presentación de la solicitud de asilo y que se tenga en cuenta el nivel de arraigo e integración en el territorio de las familias a las que se les deniega la solicitud. Creen que la puerta de acceso a los derechos fundamentales no puede ser el mercado laboral.
«Hay que recuperar el compromiso de los estados con las personas que han tenido que huir de su tierra por situaciones de violencia o inseguridad, y garantizar que todos los niveles administrativos –local, provincial y regional- sean igual de responsables ante las personas que se ven sacudidas por la irregularidad sobrevenida», concluye Esparrach.
