Defender la vida es una obligación

Al pensar en migraciones ahora mismo pienso en vulneración de derechos, pérdida de vidas, personas desaparecidas que no son buscadas y despedidas y duelos que no tienen lugar. Mientras escribo este artículo, escucho en Hora 25 de la Cadena Ser a Helena Maleno, defensora de derechos humanos. Cuenta cómo en ese mismo instante se está produciendo el rescate de una embarcación en la ruta canaria, y que hay otra desaparecida con 58 personas. Durante este verano, en mi WhatsApp #MigrarEsunDerecho no hemos dejado de saber, cada semana, de una nueva noticia como ésta.

El colectivo Caminando Fronteras presentó en julio los datos obtenidos durante el 2021 en su monitoreo diario y exhaustivo del derecho a la vida. Comunidades migrantes, servicios de rescate, redes de familiares y defensores de derechos humanos recogen, contrastan y sistematizan esta información invisibilizada. Y vivimos el semestre más terrible: 2.087 personas murieron en su intento de alcanzar España, el mismo número de personas que en todo el 2020.

¿Algunas causas inmediatas? La violencia en las fronteras, que no deja de crecer –como en nuestra frontera sur-; la crisis hispanomarroquí que ha aumentado todavía más las deficiencias en los protocolos de rescate; la ruta canaria, que a pesar de ser una de las más peligrosas, las limitaciones a la hora de solicitar visados por covid-19 y las fronteras cada vez más cerradas y externalizadas, sigue provocando que miles de personas africanas que no pueden salir de una manera digna, legal y segura, lo intenten a través de ella. Solo esta ruta concentra la mayoría de las víctimas: 1.922 personas muertas y desaparecidas en 57 naufragios en un semestre. Apenas el 4,17% de sus cuerpos fueron recuperados en el mar.

Todas estas noticias suelen aparecer junto a las de seguridad ciudadana... ¿para que nuestro inconsciente ignore las muertes y violaciones de derechos? Claro. Y porque urge cambiar unas políticas migratorias basadas en la externalización de fronteras, en levantar más vallas y pagar a terceros países para que les hagan de porteros sin importar la brutalidad con la que actúen. Lo hemos visto con Marruecos, y también con los acuerdos con Libia o Turquía. Los estados de la UE han apostado por utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio, respondiendo más a intereses económicos y geoestratégicos que a la protección a la que legalmente están obligados a garantizar.

Estas tragedias no son casuales. Son decisiones políticas y económicas. Y necesitan discursos de odio para que el umbral de la tolerancia al dolor ajeno sea cada vez más alto. Porque este desarrollo desigual e insostenible necesita prescindir del bienestar de millones de personas –y del planeta- para que unos pocos sigan acumulando fortunas.

Migrar es un derecho. Necesitamos vías legales y seguras. Y, para frenar esta dolorosa situación de movilidad forzosa, la comunidad internacional debe trabajar en poner fin a las guerras y violencias y garantizar condiciones dignas de vida en todos los países. H