La vivienda, por encima incluso del empleo, se ha convertido en el determinante social más importante para explicar los procesos de exclusión social y pobreza, tal y como pueden constatar en su labor diaria las entidades del tercer sector de la acción social agrupadas en torno a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Sin embargo, más de once millones de personas, el 23,7% de la población, está afectado por algún tipo de exclusión residencial en España, una cifra que se eleva hasta el 60% de las personas en situación de pobreza severa.
La emergencia habitacional afecta especialmente a la juventud, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social, que además padece un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Y desde EAPN-ES subrayan que esta precariedad empeora ante las «crecientes situaciones de discriminación, en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza».
Para llamar la atención sobre la emergencia residencial que atenaza a casi la cuarta parte de la ciudadanía, EAPN-ES, junto a sus socios (como la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión) y entidades miembro, ha lanzado la campaña Emergencia Vivienda. A través de ella, pide a las organizaciones del tercer sector que sumen su firma a un manifiesto en el que se defiende la vivienda como «un derecho humano indispensable y un bien de utilidad social». Y anima a todo el mundo a publicar fotos y vídeos en redes sociales para denunciar la falta de acceso a un alojamiento apropiado con el hashtag #EmergenciaVivienda.
En el manifiesto, esta red contra la exclusión pide que se garantice «el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible», pues este «es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y otros derechos tan fundamentales como la salud y el bienestar».
En el documento se hace asimismo un llamamiento al poder legislativo. Desde EAPN-ES consideran que, tanto la futura ley estatal de vivienda como el plan para asegurar el acceso a la misma, previstos para esta legislatura, «son oportunidades para asegurar su función social en todo el territorio, exigiendo su plena implantación en comunidades autónomas y ayuntamientos, facilitando la complementariedad con las acciones que ya realizan y la simplificación burocrática, y priorizando en los criterios para la condición de población beneficiaria a las personas más vulnerables».
Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas o falta de accesibilidad son solo algunos de los indicadores que determinan las situaciones exclusión residencial que afectan a casi uno de cada cuatro ciudadanos.
A ellos se une la elevada desproporción de los gastos del hogar frente a los ingresos familiares que padecen millones de personas, que produce fenómenos como la pobreza energética, agravada de forma brutal por la fuerte subida de los precios de la electricidad en los últimos meses.
Por si esto fuera poco, la crisis desatada por la pandemia de covid-19 no ha hecho sino empeorar las cosas. La situación generada por el coronavirus ha aumentado en dos millones, desde el año 2019, el número de personas que sufre retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), afectando a día de hoy a más de 5,7 millones de ciudadanos.
Para la red, «la exclusión residencial es consecuencia, principalmente, de la falta de políticas públicas basadas en el derecho humano a una vivienda adecuada». La vulneración de este derecho humano no ha pasado inadvertida para Naciones Unidas, que ha criticado reiteradamente la carencia de una legislación adecuada en España, emitiendo seis dictámenes condenatorios contra el Estado entre los años 2014 y 2021.
Por ello, EAPN-ES reclama que la inversión en vivienda sea prioritaria en la obra pública, especialmente la rehabilitación, «como clave de recuperación económica y reconstrucción de derechos postcovid que beneficie a toda la ciudadanía, así como de destino prioritario en fondos tanto estatales como europeos».
