El planeta ya no puede más. El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) recomienda que, si queremos evitar las grandes catástrofes que ya están ocurriendo, no dejemos que la temperatura suba más de dos grados. Sin embargo, sigue al alza a un ritmo acelerado y provocado, en gran parte, por la quema de recursos fósiles para la obtención de energía eléctrica o combustible. El cambio climático tiene graves consecuencias, como la pérdida de biodiversidad y de suelo, fenómenos meteorológicos extremos y la propagación de enfermedades o la aparición de otras nuevas.

El capitalismo devastador todavía no toca su fin. Por poco que le quede, sigue siendo rentable para grandes empresas y gobiernos, quienes nos han vendido que consumo equivale a progreso. Nos hacen creer que asumen una gran responsabilidad para evitar grandes desastres del cambio climático. Pero, ¿nos lo creemos?

Nuestra sociedad es energívora; la energía es imprescindible en muchos aspectos de nuestra vida. Y es, además, el actual motor de desarrollo económico. Nuestras acciones más básicas, como ducharnos, cocinar o iluminarnos, dependen de ella. Así pues, el suministro energético es un bien necesario y, por tanto, debería ser considerado un derecho fundamental, en lugar de un producto de mercado.

Desgraciadamente, la realidad actual dista de ser ideal. Para miles de hogares, satisfacer sus necesidades energéticas es arduo debido a los elevados costes, derivados de un mercado obsoleto, al mal aislamiento de las viviendas debido a la escasa rehabilitación y, por último, por la complicada situación socioeconómica que atravesamos. Estas son las principales causas de la pobreza energética, que alcanza a un elevado porcentaje de la población. No podemos permitirnos, en pleno siglo XXI, que miles de hogares sufran cortes de suministro cada día.

Una de las pocas herramientas que existen actualmente para frenar la pobreza energética es el bono social. Según datos del Gobierno de Aragón, 34.500 hogares fueron beneficiarios del mismo en el 2020. Sin embargo, según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cubre únicamente al 21% de la población aragonesa en situación de vulnerabilidad energética.

El bono social es una medida paliativa necesaria, pero hemos de ir más allá. Hay que reformar el mercado eléctrico. Hay que poner en marcha un nuevo modelo energético que no deje a nadie fuera, creando una tarifa social; que esté libre de especulación, reformando el sistema marginalista de fijación de precios; que proteja a los más vulnerables, mediante una moratoria de cortes; y basado en las energías renovables, desde el territorio y desde la ciudadanía, como nos permiten las comunidades energéticas. La creación de estas no solo evita parte de los problemas asociados con las energías fósiles o los megaproyectos renovables, sino que, además, democratiza la energía, empoderando a la ciudadanía y reactivando el desarrollo rural de una manera justa, limpia y tan necesaria en esta era.