Paz de color arcoíris

El impacto del conflicto armado colombiano ha tenido mayores repercusiones sobre las mujeres, ya que han tenido que asumir el sostenimiento de sus familias en situaciones de desplazamiento y en una sociedad patriarcal. La violencia sexual ha sido empleada como arma de guerra, pero esta no es la única violación sistemática de los derechos humanos que han sufrido, como el establecimiento de códigos y prohibiciones especiales para las mujeres en los territorios con presencia paramilitar y guerrillera, mecanismos de tortura, castigo y persecución social y política, trata de personas, esclavitud sexual, esterilización y embarazos forzados…

Sobre la población LGBTI ni siquiera existe un diagnóstico completo de contexto en el conflicto armado colombiano. Aún persiste el temor en buena parte de la población a declararse parte de este colectivo, ante la posibilidad del rechazo familiar, la pérdida de empleo, la exclusión social o ser sujetos de violencia.

Según el Observatorio de Violencia contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe, la violencia transfóbica impera en la zona como en ningún otro lado del mundo, y la invisibilidad institucional que la enmarca se traduce en la falta de registros sistemáticos sobre estos crímenes. Pero el asesinato basado en la identidad de género, el transfemicidio y el travesticidio, es la expresión más descarnada e impactante de un continuo articulado de violencias que recorren los diferentes estratos y ámbitos sociales. La exclusión social, la precariedad económica y el rechazo comunitario configuran una zona de indignidad, desprecio e invisibilidad que, al minar los puentes con la vida en sociedad, quiebra toda empatía social y torna aceptable el ejercicio de la violencia hacia las personas.

El prejuicio hacia las personas LGBTI genera también deserción escolar, expulsión de sus familias y comunidades y, por lo tanto, menores niveles educativos y oportunidades laborales. Muchas personas LGBTI se ven obligadas a sobrevivir en economías informales, e incluso criminalizadas, donde son igualmente victimizadas, torturadas, amenazadas y degradadas por clientes, grupos armados, la propia policía y buena parte de la sociedad.

Ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en Aragón, en su artículo 34, dicta que «los planes de las administraciones públicas aragonesas de cooperación para el desarrollo impulsarán aquellos proyectos que promuevan y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas LGTBI en aquellos países en que estos derechos sean negados o dificultados, legal o socialmente, por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género, así como la protección de personas frente a las persecuciones y represalias».

Con un proyecto recién iniciado y apoyado por el Gobierno de Aragón, Asamblea de Cooperación por la Paz Aragón (ACPP Aragón) aporta esta coherencia de políticas, conectando leyes autonómicas a través de la cooperación al desarrollo. Durante el año 2022, trabajaremos, desde el enfoque de derechos humanos y género, en la restitución de tierras en Colombia, priorizando a la población LGBTI del Oriente antioqueño. Así, se promoverá el acceso de mujeres campesinas y población LGBTI vulnerables, víctimas del conflicto armado, a la tierra, a un medioambiente sano, al empoderamiento y a oportunidades en sintonía con la Constitución colombiana de 1991 y el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las FARC-EP, trabajando con todos los actores en la zona rural.