Aragón, tierra de paz

El pasado jueves entró en vigor la ley aragonesa de cultura para la paz, propuesta por casi todos los grupos parlamentarios e impulsada por el seminario de investigación para la paz

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, junto a diputados de los grupos parlamentarios que votaron a favor de la ley y miembros de Fundación SIP.

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, junto a diputados de los grupos parlamentarios que votaron a favor de la ley y miembros de Fundación SIP. / SERVICIO ESPECIAL

Mario Gracia

La paz es mucho más que la mera ausencia de guerra. Esta es sin duda una condición “necesaria e importante, pero no suficiente”, tal y como establece la Resolución 53/243 de las Naciones Unidas. La paz es más bien la ausencia de toda violencia –la física, pero también la estructural o injusticia social, y la cultural o simbólica-.

Paz significa negar las vías violentas para abordar los conflictos y optar por un proceso pacífico para evitarlos y solucionarlos. Está vinculada a los derechos humanos, la democracia y la justicia social e implica un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que hacen posible el respeto, el diálogo, la mediación, la negociación y el consenso para convivir a nivel local, nacional y mundial. Por lo tanto, la paz es una cultura, y la educación, el instrumento para hacerla crecer.

El pasado jueves entraba en vigor la Ley aragonesa de Cultura para la Paz. Lo hizo tras ser aprobada, el 9 de marzo, por las Cortes de Aragón, y de un modo ejemplar, como no podía ser de otra forma, dado su contenido. Partía de una iniciativa presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos Equo, Chunta Aragonesista, Aragonés e Izquierda Unida. Tan solo el voto en contra de Vox ensombreció el consenso, bajo unos argumentos que se movieron entre las cuestiones competenciales autonómicas y el antiglobalismo al que acostumbra la extrema derecha.

Pero, al margen de los partidos, si hay una institución aragonesa que ha sido la verdadera impulsora de esta ley, esa es la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP). “Sí, fue una propuesta de nuestra organización”, reconoce su directora, María Jesús Luna. “Nos hemos guiado por todo el trabajo que han hecho las Naciones Unidas desde 1999 –fecha en la que se aprobó la citada Resolución 53/243-, cuando se planteó que la entrada en una nueva década era una oportunidad para para la paz”, apunta.

“Cada vez que empieza una legislatura, pedimos una comparecencia en las Cortes”, continúa Luna. “Exponemos nuestro trabajo y nos presentamos para que los diputados nuevos sepan quién somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos en ese momento. Nuestra presidenta, Carmen Magallón, lanzó el guante de que Aragón tuviera una ley de cultura de paz. Esto se planteó como objetivo de la legislatura, y tuvimos buena acogida entre todos los grupos parlamentarios”, expone la directora del SIP, poniendo énfasis en “todos”, para resaltar la concordia inicial que suscitó la propuesta.

La Ley de Cultura para la Paz busca promover el compromiso de las instituciones y la sociedad aragonesas con la cultura de la paz, en particular actuaciones para su fomento, educación y formación para la paz y la no violencia, investigación para la paz, actividades de comunicación, acciones en el ámbito local, cooperación en compromisos internacionales y actuaciones para la protección social de las víctimas de la violencia.

“Un segundo objetivo es que la ley sea un marco común para articularnos todos los que compartimos ese anhelo, ese deseo común de una cultura de paz, de cara a impulsar una acción coordinada de todos los que estamos involucrados en esto”, sostiene Luna. Además, su preámbulo “reconoce y pone en valor todas las tradiciones históricas y culturales de Aragón como tierra de pactos”.

No en vano, esta norma de nuevo cuño entronca con una larga historia de cultura de paz en Aragón, desde las asambleas de paz y tregua establecidas entre 1137 y 1150, a las treguas en los litigios, la figura del Justicia de Aragón, el Compromiso de Caspe, el Código del Derecho Foral de Aragón y toda la tradición jurídica aragonesa. Ya en la era contemporánea, el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Aragón indica que “los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia, especialmente en el sistema educativo”. El estatuto también menciona la protección social de las víctimas de la violencia y, en especial, las producidas por la violencia de género y actos terroristas.

Asimismo, la Ley aragonesa de Cultura para la Paz está alineada con la ley estatal 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, que establece que el Gobierno de España promoverá la cultura de paz a través de iniciativas de solidaridad, culturales y de investigación, de educación, de cooperación y de información y que, sobre este asunto, establecerá mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas, entre otros entes del Estado.

“Su aprobación en este contexto de guerra en Ucrania y polarización social es un motivo de esperanza y abre un nuevo marco para impulsar la construcción de cultura de paz en nuestra comunidad”, concluye María Jesús Luna.