Con empleo, pero pobres

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España publica un estudio que demuestra que tener trabajo cada vez garantiza menos poder vivir por encima del umbral de la pobreza

Durante la pandemia, el aumento de la tasa de pobreza fue mayor entre las personas con empleo. En la imagen, una de las denominadas ‘filas del hambre’, ante un banco de alimentos.

Durante la pandemia, el aumento de la tasa de pobreza fue mayor entre las personas con empleo. En la imagen, una de las denominadas ‘filas del hambre’, ante un banco de alimentos. / Servicio especial

El Periódico de Aragón

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Tradicionalmente, el empleo remunerado era sinónimo de protección frente a la precariedad y las privaciones materiales, pero la realidad demuestra que esos tiempos quedaron atrás. “Es cierto que la tasa de pobreza y exclusión social es todavía más elevada entre quienes no trabajan, pero eso no impide que, hoy en día, sean muchas las personas y familias que sufren esos problemas teniendo un empleo, afirma la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en su último informe, titulado ‘Trabajar para ser pobres: La situación de las personas empleadas que viven bajo el umbral de la pobreza’.

“Aunque tener un trabajo digno es un derecho reconocido”, enfatizan los autores del estudio, “contar con un empleo no garantiza ni la inclusión ni la superación de situaciones de pobreza”. Lo demuestra el hecho de que, mientras el paro cayó 12 puntos entre 2013 y 2019 (del 26,1% al 14,1%), la tasa de pobreza aumentó 3 décimas (del 20,4% al 20,7%). Otro indicador significativo es que una tercera parte de las personas que viven en situación de pobreza tiene trabajo.

Actualmente, el 12,5% de los trabajadores españoles vive en hogares cuyos ingresos son inferiores al 60% de la mediana de la renta nacional, nivel en el que se sitúa el umbral de pobreza. En los últimos quince años, la pobreza ha impactado duramente entre las personas empleadas, con porcentajes que nunca han bajado del 11%. Y aunque la diferencia con la población desempleada ha rondado en este periodo entre los 12 y los 14 puntos porcentuales, el incremento de esta tasa en los peores momentos de crisis (a mediados de la década pasada y en la pandemia) ha sido más acentuado entre la población ocupada.

Disponer de un empleo tampoco garantiza unos ingresos por encima del 40% de la mediana de la renta nacional. En los últimos tres lustros, el número de personas con trabajo en situación de pobreza severa nunca ha bajado del 4%, alcanzando un pico máximo por encima del 7% en 2015. Actualmente, pese a la mejora registrada el último año, sigue situándose en el 4,9%. El nivel de estudios también influye poderosamente en los niveles de pobreza, especialmente entre las personas con empleo. En 2022, la tasa de pobreza era de un 6,7% para personas ocupadas con titulación superior. Dicha tasa va subiendo a medida que desciende el nivel formativo, para dispararse a un 30,6% entre quienes solo cuentan con educación primaria o inferior.

Las crisis concatenadas de los últimos años, empezando por la financiera de 2008, pasando por la pandemia y acabando con la incertidumbre abierta con la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente medio, cuyo alcance aún no se vislumbra, han agravado estas situaciones y han afectado en mayor medida a las personas más vulnerables. Generan una incertidumbre económica que se refleja en el mercado de trabajo, y que se suma al auge de políticas neoliberales y populistas que dejan atrás a quienes afrontan mayores dificultades, a una normativa laboral que no siempre apoya a los más vulnerables y a la pervivencia de la economía sumergida (el 6,2% del mercado de trabajo español en 2021, según la OIT), que facilita la explotación laboral.

Pero estas estas circunstancias no afectan a todas las personas por igual. “Ciertas características personales, sorprendentemente, siguen penalizando en pleno siglo XXI: tener una discapacidad, una determinada edad, ser homosexual o transexual, pertenecer a una raza o etnia no mayoritaria, ser migrante o, simplemente, ser mujer, son frecuentemente causas de discriminación”, denuncian desde EAPN-ES.

Además, la pobreza entre las personas empleadas se ceba especialmente en las profesiones feminizadas, como los trabajos del hogar y de cuidados, que frecuentemente se concretan en relaciones laborales informales, muy difíciles de controlar, al producirse en entornos privados. “Se trata de empleos mal retribuidos, muchas veces menos cualificados y más expuestos a condiciones de precariedad o, incluso, al incumplimiento de la normativa laboral”. Atendiendo a la cuestión de género, por ejemplo, la parcialidad no elegida uno de los indicadores más llamativos del estudio: el 6,6% de los hombres trabaja a tiempo parcial, frente al 21,6% de las mujeres. La temporalidad también afecta un 5% más a las mujeres.

Otra de las grandes cuestiones que vinculan empleo y pobreza tiene que ver con la baja intensidad en el empleo, es decir, con aquellos hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hacen menos del 20% del total de su potencial de trabajo. Esta situación afecta al 8,6% de las familias. Pero, en el caso de los hogares monoparentales, que casi siempre están encabezados por mujeres, se eleva hasta el 19,5%, y su riesgo de pobreza y/o exclusión hasta el 49,2%, en comparación con el 26% de la población general. “En definitiva, un largo cúmulo de complejas cuestiones influyen en el hecho de que muchas personas, pese a tener un empleo, vivan situaciones de privación material y de vulnerabilidad social”, concluyen desde EAPN-ES.

La discapacidad aumenta el riesgo de pobreza.

La discapacidad aumenta el riesgo de pobreza. / Servicio especial

Una tarea de toda la sociedad

A la vista de los resultados de su estudio ‘Trabajar para ser pobres’, EAPN-ES defiende que la lucha por lograr unas condiciones de trabajo dignas y por el reconocimiento de los derechos laborales debe implicar a todos los estamentos de la sociedad. Las administraciones públicas deben garantizar un marco legal que reconozca esos derechos, pero también trabajar para mejorar las condiciones laborales y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Medidas recientes, como las subidas del salario mínimo o la reforma laboral “han ido en la buena dirección”, pero “es necesario seguir avanzando”.

Según EAPN-ES, también el tercer sector y los agentes sociales deben velar por una mejora continua en el reconocimiento de derechos, exigiendo las mejoras y adaptaciones que sean necesarias, un proceso que debería implicar a una ciudadanía concienciada. Asimismo, considera fundamental el papel y la responsabilidad social de las empresas, ya que desarrollan un papel muy activo en la mejora de las condiciones laborales y en el respeto de los derechos de los trabajadores, así como en la integración de quienes lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral.