Una revolución civil a medias

Hace tres años, presenciamos con entusiasmo la culminación de un largo proceso legislativo con la aprobación de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para respaldar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este hito fue calificado como una “revolución civil” y representó un acontecimiento histórico para el movimiento social de la discapacidad.

Tres años después, y tras escuchar las voces de diversos actores en el II Congreso Estatal por el Derecho a Decidir con Apoyos, celebrado en Zaragoza, es justo reconocer que aún queda mucho por hacer. Si bien es cierto que un cambio tan significativo, que implicó modificaciones en hasta ocho leyes, no podía materializarse de la noche a la mañana, también es evidente que no se han asignado los recursos y esfuerzos necesarios para avanzar en su aplicación al ritmo requerido y para promover un cambio de mentalidad hacia la discapacidad.

Cada año que pasa es un año lleno de vidas que continúan siendo consideradas de segunda, hasta que se reconozca plenamente su capacidad jurídica y su derecho a decidir, lo cual es fundamental para vivir con libertad y perseguir sus propios proyectos de vida. Es responsabilidad de todos impulsar la efectiva implementación de esta ley. Debemos unir fuerzas para generar un impacto real y aspirar a escuchar discursos diferentes en el próximo congreso dentro de tres años.

En Liber, conjunto de entidades de apoyo en la toma de decisiones a personas con discapacidad intelectual, tenemos claro el camino a seguir. Somos expertos en la aplicación de un modelo de apoyo basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hemos perfeccionado durante años en beneficio de quienes apoyamos. Estamos llamados a colaborar con la Administración de Justicia, compartiendo nuestro conocimiento con aquellos que lo necesiten en su labor profesional, así como a trabajar en conjunto con los poderes públicos para garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad.

Por ello, es el momento de desplegar el modelo de apoyos a la toma de decisiones que llevamos a cabo desde la Red Liber. Contamos con la experiencia y un modelo establecido. Es oportuno colaborar para garantizar el éxito en la aplicación de la ley. Para ello, es necesario cumplir la disposición adicional primera de la Ley 8/2021 y regular la colaboración de las entidades sociales con la Administración judicial. También es prioritario que el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica sea reconocido en las carteras de servicios de todas las comunidades autónomas como un derecho para la ciudadanía.

Termino con la reflexión del magistrado del Tribunal Supremo, don Ignacio Sancho Gargallo, en la clausura del congreso, “¿cómo logramos que, siendo todos iguales en teoría, lo seamos también en la práctica?”, con la esperanza de que, en futuros encuentros como este, podamos encontrar respuestas a esta pregunta.