Abrirse a la vivienda colaborativa

La vivienda se ha vuelto una preocupación. Seria y para mucha gente. Y se refleja en esas encuestas que sondean las inquietudes de la población. También en indicadores económicos: un tercio de los hogares dedica hasta el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, el precio de la vivienda se ha incrementado más del 35% en diez años, acceder a una hipoteca ya no es fácil ni con dos sueldos.

La vivienda se ha convertido, junto con la alimentación, en la gran necesidad a cubrir. Es objeto de debate público, de declaraciones políticas y de actuaciones estratégicas más o menos acertadas. Con un panorama lastrado además por sombríos intereses financieros, urge explorar alternativas innovadoras que aborden este desafío, el problema de la vivienda.

Una de las soluciones que ha ido despertando interés y ganando terreno por todo el territorio español es la vivienda colaborativa. Esta forma de tenencia ofrece una opción radicalmente distinta sobre cómo acceder a la vivienda y construir comunidades más sólidas y equitativas. Probado incluso a gran escala en otros países, el modelo saca edificios y suelos del mercado inmobiliario especulativo, desvinculando de manera definitiva el derecho a una vivienda de la idea de compraventa tan arraigada en nuestro país.

La vivienda colaborativa, que da una estabilidad no sujeta a vaivenes de mercado y fomenta el sentido de comunidad, puede ser muy asequible al eliminar el lucro de la ecuación. Sin embargo, existe todavía un margen de mejora al respecto que pasa por la implicación de las administraciones públicas. No se pide nada que no se haga ya: la cesión de suelo municipal para párkings o colegios concertados está a la orden del día, así como los concursos con suelo y ayudas públicas para promociones a cargo de las habituales empresas.

Gobiernos y ayuntamientos a nuestro alrededor están apostando, legislando e impulsando la vivienda colaborativa. Los días 12 y 13 de abril abrimos en Convive Aragón un espacio de encuentro para compartir estas experiencias. Navarra comienza el desarrollo de una ley específica y Maite Arrondo, su directora general de Vivienda, participará. Como Julio Martínez, de la consejería de Bienestar Social de Asturias, que desarrolló el mecanismo del criterio interpretativo para facilitar el cohousing. Y Francisco Candil, viceconsejero canario de Bienestar Social, desde donde se han apoyado varios proyectos. Por no hablar de nuestra vecina Cataluña, donde la apuesta pública es tan importante que ya cuenta con más de 1.000 viviendas habitadas o en construcción.

Aragón no debería quedarse atrás. El gobierno autonómico pretende desarrollar una ley de vivienda. No sabemos qué papel se le reserva a la vivienda colaborativa. Existen proyectos en fase de compra de suelo y personas invirtiendo ahorros y energías en un camino incierto, mientras no exista un respaldo legislativo y un mínimo apoyo institucional. Estos proyectos, que ofrecen soluciones concretas a problemas sociales, tienen que ser, al menos, escuchados.