El Tribunal Supremo decidió ayer dar un plazo de 15 días para que la Fiscalía, el abogado del Estado y los abogados de Batasuna presenten sus alegaciones antes de decidir sobre la nulidad de la negativa de la Mesa del Parlamento vasco, presidida por el peneuvista Juan María Atutxa, a cumplir la orden del alto tribunal de disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA, antes Batasuna).
La Mesa del Parlamento vasco, por su parte, pidió que sea reconsiderada la citada orden. Lo decidió ayer con los votos del PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, y presentará ante el Supremo un "incidente de nulidad" del auto del pasado 18 de junio.
Atutxa, que sostiene que el Supremo "está equivocado", considera que este paso supone una prueba de la voluntad del legislativo vasco de "acogerse a los cauces del Derecho". El representante del Partido Popular en la Mesa votó en contra y el del PSE se declaró "ausente" y dijo estar "harto de este culebrón".
Francisco Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, tachó ayer de "intolerable" que el Gobierno vasco haya acusado al órgano de gobierno de los jueces de prácticas "mafiosas". Hernando enviará una carta con una protesta formal al lendakari, Juan José Ibarretxe.
