El PSOE defiende la reforma para mantener el Estado de bienestar

Por ello, ha sostenido que la reforma es "una decisión coherente y contundente" que trasmite a los mercados que España "es un país cumplidor en el pago de nuestras deudas". Asimismo, ha subrayado que la reforma constitucional permitirá "mantener la estabilidad financiera" para garantizar "el nivel de conquistas sociales".

Por este motivo, ha argumentado el portavoz del PSOE, España "no puede permitirse deber en exceso". Alonso también ha aprovechado su intervención para reivindicar la política del PSOE que, ha destacado, siempre ha luchado por la igualdad. También ha citado en su discurso al candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que ha provocado risas en la Cámara que han sido acalladas por los aplausos de los socialistas cuando ha reivindicado que la política del PSOE se caracteriza por "mejoras progresivas y solidarias" para ayudar a las personas que más lo necesitan.

Con esta intervención, a la que le seguirán las de los portavoces del resto de grupos parlamentarios, el Congreso de los Diputados ha empezado el trámite de la reforma de la Constitución para incluir en el texto el principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. La iniciativa avanzada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martes y entrada a registro el viernes por PSOE y PP ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia ya que de no hacerse así, acortando los plazos, no habría tiempo para aprobarla antes de la disolución de las Cortes, el 27 de septiembre, tras la convocatoria electoral del 20-N.

Tras el pleno de este martes y después del preceptivo plazo de 48 horas para la presentación de enmiendas, la reforma volverá al hemiciclo para su debate y aprobación definitiva en la Cámara, cosa que, si todo va según lo previsto, se producirá el viernes. Una vez que la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución salga el viernes del Congreso, seguirá su trámite en el Senado, donde previsiblemente será sometida a votación el martes o el miércoles de la próxima semana.

Según el artículo 167 de la Carta Magna, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras que, en principio, suman los dos grupos que han impulsado la reforma, PSOE y PP.

La Constitución establece que, aprobada la reforma por las Cortes, se abre entonces un plazo de 15 días tras el cual si una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras así lo solicita la propuesta deberá ser sometida a referendo.

La proposición que se debate este martes modifica el artículo 135 de la Constitución para establecer que todas las administraciones públicas "adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria" y que el Estado y las comunidades autónomas "no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros".

El precepto constitucional remitirá a una ley orgánica para fijar el déficit estructural máximo permitido en relación al PIB y emplazará también a las corporaciones locales a "presentar equilibrio presupuestario". Se incluirá además a las comunidades autónomas en la obligación que ya afectaba al Gobierno central de estar autorizado por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Se incorpora también a todas las administraciones en el párrafo que establecía que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos, y se añade que su pago gozará de "prioridad absoluta".

Se mantiene la redacción anterior según la cual esos créditos "no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión".