Pocas leyes generan un rechazo tan unánime y tanta polémica como la ley de tasas judiciales. La norma ha entrado en vigor este jueves. Pero, paradojicamente, y después de que el Gobierno aceleró al máximo su tramitación, la subida impositiva que oscila de 50 a 750 euros no comenzará a aplicarse en los tribunales hasta dentro de tres o cuatro semanas. Es el tiempo que Hacienda tardará en tener listo el procedimiento y los impresos necesarios para empezar a cobrar unas tasas que rechazan todos los operadores jurídicos, los sindicatos, las asociaciones ciudadanas y de consumidores, así como incluso algunos dirigentes del PP.
El ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón ha remitido una circular a los secretarios judiciales en las que les indica que no pueden empezar a cobrar el polémico impuesto. El PSOE se teme que una vez que Hacienda haga los deberes, el Ejecutivo comience a recaudar con carácter retroactivo. Por eso ha solicitado al Consejo de Ministros que apruebe un real decreto que deje claro que la ley de tasas no se aplicará hasta que Hacienda termine de redactar su orden. Sin embargo, fuentes de Justicia consideran que no es necesario aprobar un decreto, porque la propia ley ya prevé que no se ponga en práctica hasta que el ministerio liderado por Cristobal Montoro tenga listo el procedimiento a aplicar.
La norma, que supone que los recursos de apelación tengan un coste de 800 euros y de 1.200 si el recurso llega al Supremo, ha levantado un aluvión de críticas, incluso en las filas del PP gallego. El concejal conservador del ayuntamiento coruñes de Carballo Juan Carlos Castro ha señalado que Gallardón es el "peor ministro de Justicia" y ha solicitado a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que recurra las tasas ante el Tribunal Constitucional. En un tono más suave, el presidente de Galicia, Alberto Nuñez-Feijóo, ha transmitido su "respaldo" al responsable de Justicia pero ha advertido que, en su opinión, hay "determinadas tasas" que deberían "ser reconsideradas en su volumen, importe y cuantía".
La tramitación de urgencia
Asimismo el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha reconocido que "a lo mejor" se tramitó con demasiada urgencia el proyecto de ley, si bien, ha defendido íntegramente su contenido, al igual que el ministro de Justicia, quien ha acusado a quienes se oponen a la norma de intentar mantener "el antiguo régimen" en la justicia.
Fuentes del ministerio admiten que el problema surgió cuando, durante la tramitación en el Congreso, el Ejecutivo decidió aprovechar la ley para introducir una enmienda que deja sin paga extra a los jueces. Se podría haber aprobado un real decreto ley, pero el gabinete de Mariano Rajoy prefirió incorporar la enmienda y acelerar al máximo el trámite parlamentario, de forma que, según dan a entender las mismas fuentes, a Hacienda no le ha dado tiempo a desarrollar una orden de considerable complejidad.
Las reacciones
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha reconocido que la nueva ley es "difícilmente explicable". "La ley puede tener algún aspecto positivo si contribuye a reducir la litigiosidad", ha señalado, antes de matizar que "si se ve afectada la tutela judicial al no poder acceder a la justicia todos los ciudadanos, eso sí sería preocupante".
EL PSOE, por su parte, además de reiterar que llevará el asunto hasta el Tribunal Constitucional, ha anunciado que va a emprender una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar a Rajoy a "rectificar" porque consideran que es la ley de tasas es la "peor" que ha aprobado su Gobierno.
