No hay imputación formal, pero la juez que instruye el caso de los ERE ha estigmatizado a la cúpula del gobierno de Andalucía durante la pasada década al señalar su posible responsabilidad en el fraude. Los primeros efectos se han dejado notar en la designación como senador del expresidente José Antonio Griñán, a quien el PP andaluz negó ayer su voto para evitar (infructuosamente) que, de producirse la imputación, pase de estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia regional al Tribunal Supremo.

Los conservadores se saltaron así una regla no escrita de la cámara andaluza que daba libertad a los grupos para elegir sus senadores autonómicos, votados luego con el apoyo de todas las formaciones. Sin embargo, el PP andaluz negó su apoyo a Griñán para no participar en lo que tildaron de "vodevil". El día antes, ya criticaron que su designación --prevista casi desde el momento en que anunció que dimitía-- suponía usar el Senado como "burladero" frente "al toro de la corrupción".

APOYO A LOS OTROS DOS No tuvieron reparos, sin embargo, en apoyar a los otros dos cargos que el PSOE mandará a la cámara territorial: el vicesecretario general Mario Jiménez, y la exconsejera de Educación Mar Moreno, damnificada en la remodelación de Gobierno a cuenta de las peleas internas de la agrupación socialista de Jaén. "Sienta un mal precedente", lamentó Jiménez, recordando que él mismo apoyó a Javier Arenas el pasado año cuando abandonó la política autonómica tras las elecciones.

La decisión del PP provocó que Griñán haya sido el senador con menor apoyo de la comunidad, 55 votos de 109, ya que tampoco votó la presidenta, recibida en audiencia por el Rey en Madrid, ni tres diputados de IU, dos de ellos ausentes. Precisamente los socios de IU --que pidieron a la presidenta "hechos y no palabras" en su lucha contra la corrupción-- tuvieron una difícil papeleta. Aunque apoyaron al expresidente, subrayaron que pedirán su dimisión de confirmarse la imputación en el caso. Sí se negaron, en cambio, a apoyar la elección de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, señalada también por la juez en el auto, como miembro de la mesa del Parlamento.

Griñán defendió su designación como senador en su dilatada trayectoria de servicio público, y recordó que no cambia el aforamiento. Y al igual que hizo el expresidente Manuel Chaves el día antes, tachó el auto de la jueza de "irrelevante" jurídicamente, destacando que solo tiene efectos "políticos y mediáticos".

Resaltó la situación de "indefensión" en la que quedan los cargos señalados --dos expresidentes y cinco exconsejeros--, ya que no se les imputa ni hay petición de imputación. "Qué hay entonces? La oferta para que los aforados declaremos voluntariamente y voluntariamente nos autoimputamos", dijo, una opción que descartó.

"Declarar, ¿ante quién? ¿Y sobre qué?", insistió, ya que la resolución no incluye indicios, hechos imputables o principios de prueba. El expresidente de la Junta de Andalucía tildó de "sarcástico" que la juez critique la negativa presión mediática a la que se ven sometidos cuando, dijo, es la propia jueza quien la alimenta difundiendo el auto sin notificar a las partes y justo en la toma de posesión del nuevo Gobierno autonómico.