Mariano Rajoy reconoció ayer que ante la reclamación independentista catalana puede ofrecer solo "la Constitución y la ley". Por ese motivo, José Montilla (PSC) le advirtió ayer en el Senado de las consecuencias de dejar pasar más tiempo antes de intentar dar una solución política a la solicitud y le advirtió sobre su "inmovilismo", pero Rajoy defendió su posición e hizo oídos sordos a las recomendaciones del expresidente autonómico. "Yo no soy un espectador, yo he tomado las decisiones que tenía que tomar como presidente del Gobierno para impedir que se celebrara un referéndum que vulneraba la ley y la Constitución. Eso es moverse, cumplir con mi obligación", espetó Rajoy en la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta.

El presidente blandió los recursos ante el Tribunal Constitucional para frenar el 9-N original como ejemplo de que tiene una actitud activa en el proceso catalán. "¿Es que yo tengo que hacerle una propuesta a todo aquel que plantee un referéndum en contra de la Constitución? ¿Tengo que dar algo a cambio? ¿Tengo que darle el pacto fiscal?", preguntó Rajoy.

El senador socialista le instó a adoptar "medidas en positivo para recomponer la situación" y "canalizar la tensión política". Montilla insistió en el peligro de dejar pasar más tiempo. "Es un cálculo cortoplacista. Igual que la corrupción alimenta el populismo, el inmovilismo en el tema catalán alimenta el independentismo", le avisó.

LA DIVISIÓN "NO SE LLEVA" El jefe del Ejecutivo repitió que no entiende cómo en el siglo XXI hay quien no defiende la integración y apueste por ser una nación más pequeña. "Eso no se lleva, porque la división es un disparate", apostilló. "Ya vale de hablar de eslóganes y palabras y vayamos al fondo del asunto", declaró Rajoy.

En el cara a cara entre Rajoy y Montilla no hubo ninguna referencia directa a la consulta alternativa que el Ejecutivo catalán sigue preparando para el 9-N. Ayer se supo que el Consejo de Estado aprobará mañana el dictamen que le ha solicitado el Ejecutivo sobre la legalidad del "proceso participativo".

El Gobierno pidió el pasado lunes este informe, que es obligatorio antes de presentar la impugnación ante el Tribunal Constitucional. Según fuentes de la Moncloa, el Consejo de Ministros ordinario, que se celebra los viernes, estudiará el documento y, previsiblemente, el presidente decidirá recurrir contra el sucedáneo del 9-N.