El juez de Barcelona que ordenó el miércoles las entradas y registros en varios departamentos de la Generalitat y en empresas privadas está investigando si el Ejecutivo catalán se ha gastado 6,2 millones de euros en organizar el referéndum del 1-O. El magistrado solicitó a la Guardia Civil que requisara documentación sobre las partidas presupuestarias sobre procesos electorales que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Una es de la Consejería de Gobernación; de 407.500 euros, y otras de los fondos interdepartamentales, que suman 5,8 millones.

Según fuentes conocedoras de la investigación, los agentes copiaron información de los ordenadores de algunas de las consejerías registradas, en especial de la de Vicepresidencia y Economía. En los domicilios particulares registrados también se incautaron ordenadores y teléfonos móviles, incluso de familiares de los detenidos.

De los 14 arrestados, ocho han quedado en libertad. La Guardia Civil imputa a algunos de ellos no solo los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos, sino también el de sedición, aunque la decisión final será del juez.

Fuentes de la defensa del secretario general de Hacienda, Josep Maria Jové, han denunciado que se ha diseñado una «estrategia de la suspensión de las garantías de los ciudadanos» con el único objetivo de no permitir la votación durante el referéndum.

«No sabemos quién ha ordenado las detenciones», explicaron dichas fuentes de la defensa, para después calificar de «desproporcionada» la macrooperación de la Guardia Civil. La causa está en secreto.

El juez Juan Antonio Ramírez, que investiga desde hace meses los preparativos del 1-O, acordó el pasado miércoles 41 registros por, según expone en su auto, «la gravedad de los hechos».

Con la práctica de estas entradas se pretende asegurar documentación y efectos, así como obtener información de cualquier tipo que pueda resultar necesaria para las pesquisas. El magistrado tomó esta medida ante el riesgo de destrucción o ocultación de pruebas.

INSPECCIÓN DE DESPACHOS / De ahí que el juez autorizara a la Guardia Civil a inspeccionar los despachos, archivos e, incluso, cajas fuertes, en el caso de que las hubiera, así como a intervenir documentación y hacer copia de información almacenada en los dispositivos informáticos, como correos electrónicos, y datos telefónicos.

Los agentes de la Guardia Civil también buscaron contratos de servicios que pudieran tener vinculación con el 1-O y documentación, tanto en soporte físico como informático, sobre las partidas del presupuesto de la Generalitat suspendidas por el Constitucional, en «el caso de que se destinasen a la financiación» del referéndum.