El porcentaje del 25% de castellano obligatorio en las aulas catalanas que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un sentencia declarada firme hace un mes, al rechazar el Supremo el recurso de la Generalitat con el que trató de oponerse, está teniendo una segunda parte judicial en forma de querellas contra el líder del PP Pablo Casado. Primero fue Junts per Catalunya, luego el Govern y ahora es el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, quien la ha anunciado por las palabras que el líder 'popular' le dirigió este domingo.

En un acto en el Congreso regional del partido en Aragón, Casado dijo textualmente en relación con Sànchez: "Un señor condenado a nueve años de cárcel por delitos de sedición, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y que ha instigado a la violencia contra la administración del Estado no me va a dar lecciones de legalidad y democracia".

Sànchez, que primero plantea un acto de conciliación, considera que Casado ha cometido un delito de calumnias por atribuirle haber incitado a la violencia y haber destrozado un coche de la Guardia Civil durante la concentración que se produjo ante la 'Conselleria de Economia' el 20 de septiembre del 2017.

Incompatible con el fallo

El argumento del secretario general de JxCat es que las palabras con las que Casado trató de contestar a la primera querella del Govern por incitación al odio son contradictorias con los hechos declarados probados por la Sala penal del Tribunal Supremo en la sentencia del 'procés', que le condenó a nueve años de cárcel.

En la demanda de conciliación Jordi Sánchez le pide a Casado que se retracte públicamente en una rueda de prensa y en las redes, y que pague una indemnización de 24.000 euros, que destinará a entidades que trabajen a favor de la lengua catalana. De no acceder a la demanda de coalición, la defensa de Jordi Sánchez tiene previsto continuar con la querella, que deberá presentarse ante el Tribunal Supremo, ante el que Casado es aforado en su condición de diputado.