La segunda pieza del caso Topillo que investiga la contaminación del Mar Menor acaba desperdigada. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, ha notificado este jueves que la causa que da continuación a las diligencias sobre los vertidos de salmuera y nitratos al Mar Menor queda dividida en 39 piezas diferentes que serán llevadas por juzgados de Murcia, Cartagena y San Javier. Esta segunda parte centra su atención en otras más de 40 empresas agrícolas o productores del Campo de Cartagena cuyas desaladoras privadas e ilegales fueron utilizadas para extraer agua del acuífero y el rechazo de sal y nitratos acabó vertido en una red de tubería que tenía como meta el Mar Menor.
Garrote cumple de esta forma con el mandato de la sección 3 de la Audiencia Provincia de Murcia, que el pasado 20 de diciembre notificaba al juez instructor que le era negada la competencia para continuar las pesquisas contra 43 empresas incluidas en la pieza separada abierta el pasado verano para investigar un nueva lista de explotaciones acusadas de realizar vertidos contaminantes. Esta segunda parte nació fruto de la división con la primera causa, ya que esta estaba muy avanzada, y no era recomendable acumular más retrasos.
Estos múltiples delitos individuales “carecen de conexidad entre sí”, entiende el juez instructor, que se inhibe ahora a favor de los juzgados de San Javier y Cartagena, que se harán cargo de la mayoría de las causas. De acuerdo con la resolución dictada, Garrote ordena que se remita "testimonio del atestado policial y de las diligencias practicadas que se considera útiles en cada caso para la instrucción" a los juzgados que resulten competentes de los dos partidos judiciales de la comarca del Campo de Cartagena. Esta decisión parte de un recurso presentado por uno de los investigados, que la Audiencia finalmente estimó.
Para ello, el magistrado detalla en su auto, de forma numerada los hechos imputados a cada uno de los investigados y hace una relación de los documentos y actuaciones que deben incorporarse y remitirse en casa uno de los 39 procedimientos que se divide la pieza separada. En concreto el titular se inhibe de la instrucción de 36 procedimientos, 22 que se remitirán al decanato de los juzgados de San Javier para su reparto, de otros 14 procedimientos que se enviarán a los órganos que resulten competentes en Cartagena. El Instrucción 2 continuará el conocimiento de otras tres causas con explotaciones investigadas en Avileses, Sucina y Murcia.
Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal en diciembre de 2017, en la que se hacía constar la posible comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente por parte de altos cargos de la Consejería de Agricultura, de la Confederación Hidrográfica del Segura y por empresas agrícolas y empresarios individuales.
También se dirigía contra la empresa que supuestamente facilitaba a los agricultores maquinas desaladoras y consumibles para estos mecanismos utilizados sin la preceptiva autorización. En esta pieza principal, tras concluir las diligencias de investigación, y tal como se recoge en el auto de noviembre de 2021 de continuación del procedimiento por el procedimiento abreviado, el juez apreció indicios de delito medioambiental contra empresarios, administradores o encargados de 38 empresas agrícolas, por vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el campo de Cartagena.
Al margen de aquellas, y tras las investigaciones posteriores practicadas, por auto de julio de 2021 se abrió esta pieza separada y la causa se amplió contra otros investigados por un nuevo conjunto de vertidos.
La Fiscalía pide cárcel para Cerdá y Aldeguer
La Fiscalía de la Región de Murcia ha pedido hasta un año y nueve meses de prisión para dos de los principales acusados del caso Topillo, que investiga la degradación "irreversible y catastrófica" del Mar Menor, por haber cometido un delito contra el medio ambiente.
El escrito del ministerio público incluye también como acusados a casi medio centenar de agricultores y empresas agrícolas, a los que atribuye un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos hechos por las desalobradoras de sus explotaciones.
Prórroga de la instrucción
Por otra parte, días atrás el magistrado acordó la prórroga del plazo de instrucción de esta causa por seis meses más, que se contarán desde la fecha legal de expiración del plazo, hoy, día 27 de enero, con lo que el nuevo periodo de instrucción alcanza hasta el 27 de julio de este año.
Al respecto, el instructor explica que “la ejecución de estas indicaciones de obligado cumplimiento va a requerir de unas actuaciones jurídicas y materiales de cierta complejidad”, y recoge el tiempo que será necesario para la “remisión física de la causa a los juzgados”, y, una vez que la recepcionen, necesitarán “un mínimo periodo para su estudio”.
Además, añade, “aún hay diligencias esenciales que han de practicarse” y cita expresamente “un informe pericial por ecotoxicólogo que determine si el presunto vertido que se pueda imputar a cada uno de los investigados puede ser potencialmente peligroso con carácter general, para el medio ambiente, y específicamente para el entorno y ecosistema del Mar Menor”.
“En definitiva -concluye el auto- deviene imprescindible el dictado de nueva prórroga por seis meses a fin de poder ejecutar materialmente el mandato de la Audiencia de división de la causa y posterior inhibición a los Juzgados de Cartagena y San Javier y que por parte de los juzgados que reciban las actuaciones se puedan practicar las diligencias esenciales para la instrucción de la causa que han sido indicadas, evitándose así la frustración del procedimiento”.
