El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por la caja B del PP madrileño a ocho personas, entre ellas el que fuera gerente de la formación conservadora en Madrid Beltrán Gutiérrez y el ex secretario general del partido Francisco Granados, por la financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y los contratos de posicionamiento online. Sin embargo, ha archivado la causa contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, que no se sentarán en el banquillo de los acusados.

Los otros implicados que sí serán procesados son los excargos de la Comunidad de Madrid Borja Sarasola, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás, y los empresarios Alejandro de Pedro y Diego Mora, así como las personas jurídicas EICO Reputación Management y Madiva Editorial.

Los hechos relatados en el auto de pase a procedimiento abreviado se tipifican como delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias. En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 rechaza la petición de las acusaciones populares del PSOE y de la Asociación de Abogados por Europa (Adade) para investigar al PP como persona jurídica en relación con los hechos.

En la resolución, el magistrado explica la operativa desarrollada desde el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales de la campaña de las elecciones autonómicas de 2011. Así, mientras la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275 euros.

Ignacio González

El magistrado archiva la causa para 71 personas físicas y tres jurídicas, entre ellas los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González y los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, del que dice que solo aparece un ingreso por parte de su hermano Germán a la fundación del PP Fundescam, del que se desconoce el motivo y que se produjo en 2007, año en el que el delito electoral que se podría haber cometido ha prescrito.

De acuerdo con lo investigado, en consonancia con las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, el juez señala que no puede considerarse acreditada la participación de Aguirre en los hechos delictivos objeto “de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”.

En relación con los trabajos de reputación llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro, afirma que “no ha podido acreditarse que la misma [Aguirre] tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Valoración de indicios

En su auto, el magistrado valora uno a uno los indicios presentados contra la expresidenta madrileña, que según su criterio no son suficientes para procesarla. El primero de ellos, simplemente que era la persona autorizada de una cuenta del PP que compartía con otros investigados como el que fuera tesorero José Ignacio Echevarría, el ex secretario general Francisco Granados y el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Otro indicio se refiere a la empresa de contenido reputacional del procesado Alejandro de Pedro, EICO, que fue la que se ocupó, a instancias del Partido Popular de Madrid, de realizar varios trabajos dirigidos a analizar la reputación de Aguirre y creó, en octubre de 2010, un blog sobre la expresidenta en la dirección de internet www.hablaconesperanzaaguirre.com. Sobre estas publicaciones, un informe de la UCO (Guardia Civil) de diciembre 2017 señaló que el encargo se realizó sin que existiese contrato alguno que lo amparase, ni con el partido, ni con la Comunidad. No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, el juez subraya que no ha podido acreditarse que Aguirre "tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos".

Dirección de medios

Por lo que respecta al cambio organizativo para que todas las contrataciones de publicidad tuviesen que recibir la conformidad previa de la Dirección General de Medios, a cargo de Isabel Gallego, García Castellón concluye que tampoco se puede responsabilizar de estos pagos a Aguirre "pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las mesas de publicidad".

Francisco Granados y Esperanza Aguirre. EPE

Respecto a la superación del gasto electoral, la investigación de la Audiencia Nacional analizó una llamada entre la presidenta y su entonces vicepresidente Ignacio González en la noche del 8 de marzo de 2017 acerca de la función dela fundación denominada Fundescam y su utilización como medio de financiación del PP madrileño. En un momento dado, la expresidenta le dice a su interlocutor: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”. Sobre esta conversación, el auto concluye que, aunque pudiera revelar que la misma podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, tras su análisis se constata que la presidenta "no tenía conocimiento de cómo había sucedido". El indicio "resulta insuficiente para sostener una acusación".

Declaración de Bárcenas

También destaca el auto que, el 24 de febrero de 2021 compareció en sede judicial en calidad de testigo el extesorero del PP Luis Bárcenas, que relató un episodio "que podría enmarcarse en el contexto de los hechos incluidos en la presente pieza separada vinculados a la señora Aguirre". En concreto, identificó a Luis Gálvez Murcia, como donante de 60.000 euros para Aguirre, cuya entrega en metálico habría tenido lugar en la sede del Partido Popular de Madrid, actuando como intermediario el anterior tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, ya fallecido.

Sin embargo, un mes después Gálvez negó en sede judicial la realidad del pago, así como haber estado nunca en la sede del Partido Popular, "encontrándonos ante dos versiones radicalmente distintas de los hechos" que no permiten tampoco al juez acusar por este hecho.