Tribunales
Podemos abandona la acusación popular en la pieza del caso Villarejo sobre Iberdrola
El partido considera que la acción penal ya está "suficientemente cubierta" por el resto de partes personadas
EP
Podemos ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilegales que Iberdrola habría hecho al comisario jubilado José Manuel Villarejo que le tenga por apartado de esta pieza de la macrocausa 'Tándem' al considerar que la acción penal ya está "suficientemente cubierta" por el resto de partes personadas.
En un escrito de este jueves, al que ha tenido acceso EP, el partido político comunica al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que desiste de ejercer la acusación popular asegurando que, con su labor hasta la fecha, han "contribuido a la depuración de los hechos investigados".
En esta pieza separada, la número 17 de 'Tándem', el juez investiga los encargos ilegales que la compañía habría hecho al comisario jubilado José Manuel Villarejo desde 2004 y por los que este se habría embolsado más de un millón de euros. La misma ha perdido fuelle en los últimos meses después de que la Sala de lo Penal haya archivado para los principales investigados, entre los que se encuentra el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán.
El partido 'morado' defiende en su escrito que ha impulsado desde el inicio la investigación de estas "graves conductas delictivas presuntamente cometidas por una trama policial, así como por lo que comúnmente se ha conocido como la 'policía patriótica'". En esta línea, Podemos defiende su papel a la hora de perseguir a los supuestos "colaboradores y clientes" de esa trama.
"La actuación de esta acusación popular ha permitido depurar y esclarecer hechos muy relevantes para el buen fin de la instrucción. Visto el estado actual del expediente, constan ya personadas en la presente pieza separada tanto la acusación pública representada por el Ministerio Fiscal, que tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como acusaciones particulares en defensa de los derechos de las presuntas víctimas", concluye Podemos.
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