Los hermanos Antonio Ramiro y Manuel Lapeña Altabás podrían ser por fin exhumados del Valle de los Caídos tras siete años de espera. El Gobierno ha ordenado este lunes reanudar los trabajos de recuperación de los restos de 118 víctimas de la guerra civil en el Valle de los Caídos, aunque ha pedido evitar falsas expectativas sobre el resultado los trabajos debido al estado que presentan los enterramientos.

Según ha informado el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la reanudación de las exhumaciones se producen tras la paralización que supuso las medidas cautelares impuestas por el juzgado nº 10 de Madrid ante los diversos recursos presentados.

Los Lapeña fueron fusilados en 1936 sin juicio previo en el barranco de la Bartolina durante los primeros meses de la guerra civil por su vinculación a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato anarquista que tuvo una importante incidencia en el norte de España, con el grupo de acción conocido como Los Solidarios (Buenaventura Durruti, Gregorio Jover, García Oliver o los hermanos Ascaso, ambos aragoneses) como gran exponente de la lucha anarquista. Los descendientes de los Lapeña han promovido una larga reivindicación para recuperar los restos de los hermanos, sin éxito hasta ahora a pesar de que se les prometió que la exhumación era inminente en varias ocasiones. Esta vez podría ser la buena

"Una vez levantadas las medidas cautelares por parte del TSJM el pasado mes de julio y después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial estableciese que el consistorio no tenia competencia para suspender la licencia de obra, desde Patrimonio Nacional se ha procedido a reanudar los trabajos para terminar así con el sufrimiento que esta situación estaba ocasionando a los familiares de las víctimas", señalan desde el departamento encabezado por Félix Bolaños.

Aval del consejo médico forense

Además, han indicado que este plan de exhumaciones "tiene el aval del Consejo Médico Forense" y cuenta con los medios materiales necesarios para lelvar a cabo las labores de localización y extracción, "así como con los medios humanos y profesionales especializados en materia de antropología forense", traladan.

De este modo, aseguran, se garantiza "la adecuada proporcionalidad entre los medios necesarios y los resultados que se pretenden alcanzar, sin crear falsas expectativas dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos".

Los restos de las personas inhumadas en el Valle -denominado 'de los Caídos' hasta la reciente entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática- se encuentran en columbarios de distintos tamaños y en muchos de ellos hay huesos de más de una persona.

Además, el paso del tiempo y la humedad han deteriorado el estado de los columbarios provocando que, en algunos casos, haya restos de varias personas mezclados, lo que dificulta aún más los trabajos de identificación.

Los restos identificados se entregarán a las familias

Asimismo, desde Presidencia han indicado que tras las primeras apreciaciones de carácter forense, se llevarán a cabo, "siempre en las propias dependencias de la Basílica, los análisis antropológicos y la toma de muestras que serán después utilizadas para los análisis genéticos", que estarán a cargo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, dependiente del Ministerio de Justicia.

Una vez sean identificados los restos que hayan sido requeridos por los familiares de las víctimas, se procederá a elaborar los informes técnicos forenses para llevar a cabo la entrega de éstos a las familias.

Está previsto también que aquellos restos que no sean objeto de devolución a sus familiares por no haber sido establecida su identidad sean retornados al correspondiente columbario.

Asimismo, desde el departamento de Bolaños aseguran que el proceso estará guiado por criterios de carácter técnico y forense y el plan se desarrollará de acuerdo con el cumplimiento de los principios de "legitimidad, legalidad, respeto y confidencialidad". Los trabajos serán desarrollados desde Patrimonio Nacional, y están financiados con un fondo de 650.000 euros procedentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.