La Junta de Andalucía presiona para que el exministro Campo se aparte del recurso del impuesto a los ricos

Una más. Son ya tantos los casos en los que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha apartado desde que fue postulado por el Gobierno como miembro del Tribunal Constitucional que el caso del recurso de la Junta de Andalucía al impuesto a las grandes fortunas se da por descontado que igualmente dará un paso al lado. Se sabrá la próxima semana cuando el asunto previsiblemente vaya a pleno. De momento, el Gobierno andaluz presiona para que Campo se aparte.

“Ahora que sabemos que un exministro de Pedro Sánchez va a ser el ponente en esa decisión tan fundamental para Andalucía y para nuestra autonomía fiscal entendemos el interés que siempre ha tenido el presidente del Gobierno por controlar el poder judicial”. El reproche fue del consejero de Medio Ambiente y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP). “El señor Campo tiene una tiene una oportunidad magnifica para demostrar que es independiente, que merece ese puesto por su currículum y no le debe ningún favor a Pedro Sánchez", agregó.

El Gobierno andaluz elevó un recurso al impuesto a las grandes fortunas promovido por el Ministerio de Hacienda. Un impuesto que en Andalucía afectará a unos mil contribuyentes ricos de los cuatro millones y medio de andaluces que declaran a la Agencia Tributaria. Sin embargo, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno considera que hay una invasión clara de competencias y una intención del Gobierno de Pedro Sánchez de intervenir en su margen de maniobra en materia impositiva. Alegan que el impuesto a los ricos solo se promovió una vez que Moreno anunció que iba a suprimir el impuesto de patrimonio, siguiendo la senda abierta por Madrid. Ese movimiento abrió una subasta fiscal a la baja en España, a la que se sumaron comunidades socialistas y puso en alerta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hasta entonces se había negado a ese impuesto que reclamaba Unidas Podemos.

Como contraofensiva a las comunidades del PP que iban a suprimir patrimonio, después de Madrid y Andalucía se sumó Murcia o Galicia, Hacienda anunció ese impuesto estatal y temporal, acotado a dos años, que viene en la práctica a recaudar lo que dejarían de ingresar las arcas autonómicas que decidan tributos a la baja para los más pudientes.

Suspensión cautelar del impuesto a los ricos

La Junta ha solicitado la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta la resolución del recurso, "para que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación". En sus valoraciones, la consejera de Economía, Carolina España, consideró que es "un ataque directo a la comunidad andaluza y a su autonomía financiera". El Gobierno andaluz recuerda que "no fue hasta que Andalucía bonificó al 100% el Impuesto de Patrimonio cuando el Gobierno central decidió crear este tributo". "Sólo pretende cortar las alas a una comunidad que empieza a despegar tras casi 40 años de lastre socialista”, advierten. “Están regulando ‘ad hoc’ contra Andalucía y en contra de lo dispuesto en la Constitución. Por eso acudimos al Constitucional”, apuntó la consejera. “Es un fraude de ley, además de una chapuza técnica y política, ya que el atajo escogido por el grupo socialista y de Unidas Podemos en el Congreso se ha saltado todos los informes de garantía constitucional”, agregan.

Impuesto a los ricos y competencias autonómicas

En el recurso se sostiene que el Ministerio de Hacienda invade competencias de la comunidad atendiendo a la ley de financiación (Lofca), la Constitución y el Estatuto de Autonomía y además se ha aprobado vulnerando, dice la Junta, el artículo 23.2 de la Carta Magna, ya que salió como enmienda a una ley, privando a los grupos de la oposición en el Congreso de poder elevar enmiendas al texto.

Campo salió de la cartera de Justicia en la crisis de Gobierno de julio de 2021. El impuesto a las grandes fortunas se convalidó en el Senado en diciembre de 2022. No formaba parte del Consejo de Ministros cuando se impulsó. Sin embargo en el Gobierno andaluz del PP no les cabe ninguna duda de que es incompatible que asuma esa ponencia.

No sería desde luego la primera renuncia. Campo decidió estudiar todos aquellos casos en los que podía ser recusado para renunciar de forma preventiva. Así se apartó de los recursos a leyes que se tramitaron en el Gobierno mientras era ministro, desde enero de 2020 a julio de 2021. Además su relación de pareja con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le obligó también a retirarse en recursos que afectaban a decisiones de la Mesa o la Presidencia de la Cámara Baja, como la retirada del escaño a Alberto Rodríguez o los expedientes de los indultos del ‘procés’. También se apartó de las decisiones sobre la votación de la reforma laboral o el recurso de Vox a la ley del sí es sí, que se inició siendo él ministro.