El juez Castellón rechaza de nuevo imputar a Génova por la financiación ilegal del PP de Aguirre

El juez Manuel García Castellón, que ha investigado la presunta financiación ilegal del PP madrileño, ha confirmado su decisión de no imputar a esta formación política por las presuntas irregularidades cometidas en la época de Esperanza Aguirre, según especifica un auto de 21 de abril, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Esta decisión es recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

De esta forma, el magistrado desestima el recurso de reforma que interpuso la representación procesal del PSOE contra el auto de 14 de octubre de 2022 en el que el instructor rechazaba imputar al PP al considerar que las supuestas irregularidades cometidas con la caja b se debían atribuir en exclusiva al partido en Madrid, que disponía de autonomía, y no al nacional.

"Parece deducirse que sería una persona jurídica distinta, lo que obviamente es absolutamente falso, o tendría un CIF diferenciado, lo que tampoco se produce. A este respecto debemos decir que no consideramos necesario insistir en la personalidad jurídica única y el CIF único del Partido Popular, y ello porque es reciente y además ha sido ampliamente comentada en todos los medios de comunicación la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2020 que confirma la sentencia de la Audiencia Nacional 5/2015 y ratifica lo mantenido en el auto de apertura del juicio oral Época I de Gürtel", explicaba el recurso que los socialistas interpusieron el 20 de octubre.

Condena en Gürtel

En el escrito el PSOE reclamaba la imputación del Partido Popular nacional por la caja b que había manejado la formación política en la Comunidad de Madrid. Y lo hizo en base a la sentencia del caso Gürtel, que fue confirmada por el alto tribunal, en la que el PP nacional fue condenado como partícipe a título lucrativo de los pagos que la trama dirigida por Francisco Correa realizó a los grupos municipales del partido en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

La representación legal del PSOE recordaba que el Tribunal Supremo consideró responsable a título lucrativo al PP nacional en Gürtel pese a que los fondos se circunscribían a los grupos municipales de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda: "Son hechos y fondos referidos a una parte de la estructura tan importante como es el Partido Popular de Madrid, pieza fundamental del engranaje y sobre el que el control debe de ser mucho más estrecho, la responsabilidad es por tanto mucho más evidente en el caso que nos ocupa", especificaba el recurso dirigido al juez del caso Púnica.

6,8 millones

Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, mientras la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas madrileña, los gastos reales ascendieron a 6.878.275 euros, lo que supone una diferencia de 3,8 millones.

"Estamos hablando de millones de fondos procedentes de dinero público. Y en segundo lugar, porque los actos y las campañas se acordaban desde la planta primera de la sede del Partido Nacional en Génova 13 y se desarrollaban en la Comunidad de Madrid o en la misma ciudad, donde residían la mayor parte de los líderes nacionales, quienes acostumbrados a celebrar y financiar actos no podían ignorar la enorme cantidad de recursos utilizados a tal fin. Lo que conocían con total seguridad, pues debían consolidar las cuentas, era el límite de gasto que correspondía al PP de Madrid", decía de forma literal el recurso de los socialistas, que ahora estudia recurrir la decisión de García Castellón ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.