Anticorrupción pide condenar a Francisco Camps porque "no intervenía pero desatascaba" las contrataciones a la Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por beneficiar a las empresas de Francisco Correa en la Generalitat Valenciana porque "no intervenía, pero desatascaba" las contrataciones a la Gürtel, según acaba de solicitar la representante del Ministerio Público. La Fiscal Anticorrupción, Concepción Nicolás solicita finalmente un año de cárcel para el ex jefe del Consell por un presunto delito de tráfico de influencias, tras retirar contra Camps la acusación del delito contra la administración pública que sumaba y un año y seis meses más a la petición de condena.

La representante del Ministerio Público ha desgranado durante dos horas los indicios recabados contra el expresidente de la Generalitat y la exdirectora de Relaciones Institucionales, Dora Ibars, por la contratación del estand de grandes eventos de Fitur 2009. El único que no había prescrito para Camps cuando se reabrió en 2018 esta pieza separada (la octava de la trama Gürtel que se juzga).

Para la Fiscal Anticorrupción, «la única respuesta» a esta parasitación de la Gürtel en la Comunitat Valenciana «la da el derecho penal a quienes han dejado de vigilar, custodiar, servir y tratar de forma prudente y austera la cosa pública. Por ello solicito una sentencia condenatoria».  La representante del Ministerio Público ha recordado las condenas a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borrás, o el expresidente de Baleares, Jaume Matas que también hicieron "saltar por los aires los principios de la contratación administrativa".

El quid de la acusación contra Camps está en el contrato para construir el estand de grandes proyectos de Fitur 2009. Una adjudicación en la que «no hay órganos gestores, ni centros de contratación. No hay ofertas. No hay expediente. Hay un encargo personal y verbal para satisfacer la contratación en la que el presidente [Camps] tenía interés. Si no, ¿cómo se entiende que 13 centros de contratación contrataran con la misma empresa?», se preguntó la fiscal en referencia a las trece empresas públicas que conformaban el estand de grandes proyectos y que todas contrataron con Orange Market, bajo la coordinación de Dora Ibars, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción.  

Su compañera, la fiscal Pilar Santamaría, expuso después las pruebas contra el resto de acusados que no se han conformado, entre ellos los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, y ex altos cargos como el exdiputado autonómico David Serra por las supuestas irregularidades en adjudicaciones en cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009. La Fiscal Anticorrupción considera que "la delegación de responsabilidades de contratación no impide determinar quién tuvo la última responsabilidad" y ha criticado el "vano esfuerzo" de los ex altos cargos acusados de hacer "recaer las decisiones en subordinados". También ha afeado el intento de algunos testigos de elaborar una "postverdad" o "distopía", Orange Market era la "empresa de cabecera" de la Generalitat, y cuando se instaló en Valencia, llegó un momento en que se fue "contratando naturalmente" a El Bigotes para "congraciar al presidente".

Por último, la fiscal Concepción Nicolás ha repasado todas las pruebas que, en su opinión, existen contra los acusados: los informes periciales, las grabaciones o el reconocimiento de los hechos de diez acusados, entre ellos los cabecillas de la trama y varios ex altos cargos de la Generalitat, que llegaron a acuerdos de conformidad con Anticorrupción "válidos" y "absolutamente transparentes". "¿Quién vigila a los vigilantes?", se ha preguntado, al tiempo que ha pedido "no minimizar la corrupción" ante conductas "arbitrarias, ilegales y constitutivas de prevaricación"