El 'número dos' de Fernández Díaz invoca la negociación del PSOE con Bildu para recurrir el juicio por la Kitchen

El que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional con el que pretende anular el auto de apertura de juicio oral por la causa Kitchen, que le sienta en el banquillo con una petición de condena de 15 años de cárcel junto al que fuera su superior Jorge Fernández Díaz y otros exmiembros de la cúpula de Interior acusados del espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.

Si hace unos días solicitó que el PP, como partido, también pueda ser juzgado como responsable civil a título lucrativo, este lunes su defensa -que ejercen los letrados Verónica Suárez y el fiscal en excedencia Juan Antonio Frago-, pide que la apertura de juicio oral se anule por errores formales. Argumentan que el instructor de la causa, Manuel García Castellón, incluye en su escrito delitos que corresponden a otro tipo de procedimiento y que además se ha olvidado de resolver previamente su petición de expulsión del PSOE y Podemos de la causa. 

La razón, según los letrados, es que se forzó la apertura de juicio oral en respuesta a una petición del PSOE que no buscaba otra cosa que restar repercusión mediática a las negociaciones entre la formación de Pedro Sánchez y Bildu para la investidura, según reza el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica.

Esta defensa basa sus afirmaciones en el hecho de que el pasado 11 de octubre, dos días antes de la apertura de juicio oral, la acusación popular ejercida por el PSOE presentara escrito solicitando el dictado expreso del auto de apertura del juicio oral, siendo el 12 festivo nacional y acordándose la medida el día 13.

La citada resolución, según señala esta parte en su escrito, coincidió en la prensa con "las negociaciones del mismo PSOE con Bildu y siendo objeto de una notoria e intensa repercusión mediática el auto". Así, entienden que la premura en atender la solicitud de dicha acusación popular --no así, las de otras partes del proceso-- ha originado los motivos de nulidad. 

Cuestiones formales

"Se ha abierto juicio oral por al menos tres delitos que corresponden al procedimiento de sumario ordinario, sin que ninguna de esas acusaciones recurriese el auto de procedimiento abreviado al objeto de la transformación en sumario ordinario", agregan, en relación con el delito de secuestro que apunta la familia del propio Bárcenas y otros de organización criminal que apuntan contra los procesados las representaciones legales del propio PSOE y Podemos.

También se quejan los abogados de que no se ha atendido, antes de llevar el asunto a juicio, la petición de esta parte para que se expulse del procedimiento a los dos partidos citados, que ejercen la acusación popular. "De dicha solicitud ninguna respuesta se ha recibido y, sin embargo, la solicitud de apertura del juicio oral formulada por la acusación ejercida por el PSOE fue atendida inmediatamente con el dictado del auto que ahora impugnamos, concretamente, dos días después de que fuese solicitado", agrega esta parte.

Este periódico informó, sin embargo, que la Fiscalía Anticorrupción había advertido ya al instructor de la causa, mediante un escrito con fecha del 28 de septiembre, de que si no dictaba ya la apertura de juicio oral del caso Kitchen, en el que también está procesado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, los imputados podrían beneficiarse de "dilaciones indebidas", por lo que una ulterior condena debería ser revisada a la baja. 

El PSOE recurre para que se juzgue al PP

Por su parte, el PSOE también ha recurrido el auto de apertura de juicio oral para impugnar la exclusión del Partido Popular como partícipe a título lucrativo. En un escrito al que ha tenido acceso este diario, el PSOE señala que la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de dejar fuera al PP argumentando que la petición del PSOE era extemporánea "resulta sorprendente, además de ser contraria a la ley".

También recuerda que en esta causa, en la que se investigó ese operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel', la acción contra el PP "fue formulada al mismo tiempo que la petición contra el otro responsable civil, el Estado", que sí admitió el juez.

Argumenta también que en este tipo de causas "no existe norma alguna que contemple el llamamiento del responsable civil subsidiario al procedimiento durante la instrucción" y remarca que el artículo 781.1 de la Ley Procesal contempla la necesidad de que en sus escritos de conclusiones provisionales las acusaciones identifiquen a las personas (también jurídicas) como responsables civilmente de los hechos.

En su petición, la representación procesal de los socialistas recoge parte de los argumentos planteados por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que la investigación "no deja lugar a dudas de que el principal beneficiario de esta ilícita operación policial de inteligencia era el propio Partido Popular". Añade que esto fue así "directamente como persona jurídica o con la finalidad de evitar el descrédito que la imputación de sus máximos dirigentes conllevaría para el partido".

En este sentido, el PSOE señala que es necesario que el Ministerio del Interior cuantifique el perjuicio total provocado al Estado con esta operación parapolicial. A su juicio, es incoherente pedir responsabilidad civil subsidiaria a la Administración Pública y dejar fuera al PP. "El perjudicado es el Estado, ya que la ilícita actividad se dirige claramente a obstruir la acción de la justicia", concluye.