Bolaños toma su primera decisión en Justicia: mantiene a Álvaro García al frente de la Fiscalía General del Estado

El nuevo titular de Justicia, Félix Bolaños, que ha sumado esta cartera a sus responsabilidades como ministro de Presidencia en el nuevo Gobierno, ya ha adoptado su primera decisión relevante. El Consejo de Ministros del próximo 28 de noviembre confirmará a

como Fiscal General del Estado hasta 2027. 

El mandato del Fiscal General tiene una duración de cuatro años y cesa cuando lo hace el Gobierno, y aunque García tomó posesión en julio del año pasado el arranque de la legislatura pone el contador a cero: podrá seguir en el cargo durante cuatro años más.

La figura de García viene siendo cuestionada por la mayoría de la carrera y la denominada derecha judicial desde que tomó sus primeras decisiones dando continuidad al mandato iniciado por su precedesora, Dolores Delgado. Este martes, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Sánchez, García recibió dos importantes varapalos: el Supremo anuló su decisión de ascender a Delgado a la máxima categoría fiscal por "desvío de poder" y hasta 18 fiscales del Tribunal Supremo le preprocharon su papel equidistante frente a las menciones al lawfare en el pacto con Junst que propició la investidura.

En relación con este último asunto, se da la circunstancia que la Fiscalía General comandada por García es casi la única institución del ámbito judicial que no ha reaccionado a la futura ley de Amnistía ni frente a la supuesta existencia de una guerra sucia judicial contra el independentismo, y ello pese a que ello le fue solicitado de forma expresa por los cuatro fiscales que participaron en el juicio contra los protagonistas del procés en el Tribunal Supremo. 

Al recibir esta petición la semana pasada, García emitió un comunicado en el que se limitaba a señalar que "cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía (...) exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento". La reacción no se ha hecho esperar, y este martes hasta 18 fiscales de las dos secciones de lo Penal del alto tribunal expresaron su "decepción" por su falta de voluntad a la hora de defender la labor de sus compañeros, tanto los que actuaron en el juicio al procés como los fiscales de Cataluña que han llevan causas relacionadas con el 1-O.

Por otra parte, García tiene pendiente convocar un Consejo Fiscal Extraordinario para pronunicarse sobre la amnistía después de que el pasado 15 de noviembre seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de corte conservador, solicitaran una reunión extraordinaria para valorar el proyecto. Quizá por colarse por enmedio la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo Gobierno, del que depende la continuidad del propio García, la convocatoria de esta reunión aún no se ha producido. Tendrá lugar previsiblemente cuando el fiscal general deje de estar en funciones, señalan a este diario fuentes de la institución.

Desvío de poder

Pero el cuestionamiento más grave vino por el Tribunal Supremo. A la misma hora en la que Bolaños tomaba posesión de sus responsabilidades en Justicia en el Palacio de Parcent en Madrid, la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del alto tribunal anulaba, "por desviación de poder", la decisión de García de promover a la máxima categoría de la Carrera, la de fiscal de Sala, a la exfiscal general del Estado Dolores Delgado. 

Aunque la decisión que se ha anulado no corresponde a su actual responsabilidad como fiscal de Memoria Democrática --se refieren al primer ascenso como fiscal togada- las consecuencias de la decisión del Supremo no están aún claras. Desde el el alto tribunal se apunta que su actual cargo se ve también afectado, mientras que García duda de este análisis y el asunto será dirimido tras un próximo Consejo Fiscal, señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la Fiscalía General. En todo caso, la continuidad de García al frente de esta institución será determinante para el futuro de Delgado.

Este miércoles, la Unión Progresista de Fiscales ha expresado su "disconformidad" con la sentencia del Supremo porque se merma la autonomía del Ministerio Fiscal. El asunto tiene aún recorrido en este órgano porque la decisión de colocar a Delgado en la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática también ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo -salió adelante pese a que siete vocales del Consejo Fiscal no participaron en la deliberación- por lo que la elección de García puede sufrir un nuevo revés en las próximas semanas.

Posición cuestionada

Otra cuestión es la propia consideración del fiscal general en la carrera. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha venido cuestionando sus decisiones desde antes de su nombramiento, cuando desempeñaba el papel de hombre de confianza de su precedesora en el cargo, Dolores Delgado, como responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, especialmente por su actuación en el denominado 'caso Stampa'.

Sobre este particular, se criticaron las decisiones adoptadas desde el órgano técnico que llevaron a alargar la investigación interna a Ignacio Stampa, uno de los fiscales de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo. Dicha investigación, abierta a raíz de unas informaciones que resultaron manifiestamente falsas, sobre la especial relación del fiscal con una de las abogadas de la acusación de Podemos, fue fundamental a la hora de no otorgarle una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, lo que supuso su expulsión del caso.

Una vez nombrado García fiscal general, se han venido poniendo en cuestión la práctica totalidad de sus nombramientos --en especial el ascenso de Lola Delgado y su posterior designación para Memoria Democrática-- desde un Consejo Fiscal cuya composición ha evidenciado la pérdida de confianza de un sector mayoritario de la carrera en la asociación Unión Progresista de Fiscales, a la que García pertenecía junto a Delgado, y que tras las últimas elecciones ha reducido a sólo dos vocales su presencia en el órgano consultivo. La Asociación de Fiscales cuenta con seis representantes.

Desde esta asociación se ha pedido de forma reiterada la dimisión de García, tanto por "manipular"para el nombramiento de Delgado nada más conocerse la última convocatoria electoral como por su "pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal", tras conocerse el acuerdo de investidura.