El Gobierno presionará a las CCAA con la pérdida de desgravaciones si no rebajan los alquileres

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, iniciará este jueves una ronda de reuniones con las comunidades autonómicas. Su pretensión es abordar de forma bilateral la aplicación de la ley de vivienda para rebajar los alquileres e implicar a las diferentes administraciones en el plan del Ejecutivo para aumentar el parque público hasta las 184.000 viviendas esta legislatura, según avanzan fuentes gubernamentales. La principal medida contenida en la norma para actuar sobre la escalada en los precios requiere que se declaren primero las denominadas zonas tensionadas (con rentas o hipotecas medias por encima del 30% de los ingresos). Ahí reside el choque porque las comunidades son las competentes para declarar estas zonas calientes y las gobernadas por el PP ya han adelantado que no lo harán. Varias de ellas incluso han recurrido la ley al Tribunal Constitucional.

Frente a la oposición de los barones populares, el principal mecanismo de presión que aducen desde el Ejecutivo es que los caseros de las comunidades sin declaración de zona tensionada no podrán acceder a las deducciones fiscales recogidas en la ley. Según advierten fuentes del ministerio de Vivienda, en las comunidades autónomas donde no se está aplicando la ley “ya están perdiendo la desgravación”. Las deducciones llegan hasta el 90% del IRPF si se actualizan los contratos según los índices de precios de referencia. Asimismo, se penaliza la rebaja general bajándola diez puntos, del 60% actual al 50%.

El Gobierno aprobará los índices de precios de referencia “entre finales de diciembre y principios de enero” para aumentar la presión. Asimismo, el ministerio que dirige Isabel Rodríguez convocará a las CCAA a una Conferencia Sectorial de Vivienda.

Antes de ello, la primera reunión bilateral se producirá este jueves con el gobierno vasco. De forma inmediata seguirán los encuentros con Cataluña y Galicia, por orden de aprobación de sus respectivos estatutos. El Gobierno vasco es uno de los que ha recurrido la norma alegando invasión de competencias.

El PNV ya votó en contra de la norma en el Congreso, pactada con ERC y EH Bildu la pasada legislatura, por este mismo motivo. Se da la circunstancia que en el Gobierno vaco, del que forma parte en minoría el PSE, la consejería de vivienda está en manos de los socialistas vascos. En líneas generales, pese al recurso, los nacionalistas vascos han dicho compartir el objetivo de fijar un tope para los alquileres, aunque acogiéndose a su propia ley autonómica de vivienda.

Parque público

En el caso de Cataluña, ERC siempre quiso promover la ley estatal para salvaguardar su propia ley catalana, como un paraguas legal frente a los diversos recursos de inconstitucionalidad. La Generalitat ya ha declarado un total de 140 zonas tensionadas, pero están a la espera del visto bueno del Ejecutivo. Se espera que el Gobierno las apruebe en los próximos días, previsiblemente coincidiendo con la reunión bilateral y la publicación de los índices de referencia por parte del ministerio de Vivienda.

El impulso del parque público, con el objetivo de llegar en los próximos cuatro años a 184.000 viviendas públicas o de alquiler asequible, es la otra carpeta que pondrá sobre la mesa el ministerio en esta ronda de reuniones. En el departamento de Vivienda están trabajando ya con el impulso de una veintena de proyectos en terrenos de titularidad del ministerio de Defensa. Además de acabar de desbloquear la denominada Operación Campamento en Madrid, donde se prevén hasta 12.000 viviendas, con el 60% destinadas a alquiler asequible.

Aumento del presupuesto

Desde Vivienda avanzan que el ministerio, cuyas competencias han sido desgajadas de Transportes, contará con un notable presupuesto, a la espera de que se aprueben las próximas cuentas públicas del próximo año. Por otra parte, se prevé aumentar el Bono Alquiler Joven y la línea de avales ya aprobada por el ICO del 20% de la hipoteca a jóvenes y familias con menores a su cargo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya aprovechó la inauguración este lunes de la Casa de la Arquitectura para poner deberes a las CCAA en la aplicación de la ley de vivienda. Para que durante esta legislatura el derecho a la vivienda “deje de ser un problema y pase a convertirse en un derecho real y efectivo” conminó a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a hacerse cargo junto al Gobierno. En el caso de los ayuntamientos, depende de su decisión aplicar o no las subidas del IBI a las viviendas vacías, como recoge la ley, para forzar su salida al mercado y aumentar la oferta de venta o alquiler.