El Gobierno desclasifica documentos sobre el espionaje a Pere Aragonès con Pegasus

El Consejo de Ministros ha acordado este martes desclasificar los documentos relativos a la autorización de espionaje con el 'software' Pegasus al president Pere Aragonès. De este modo, se desclasificará el auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas por el que se dio autorización al Centro Nacional de Inteligencia para pinchar el móvil de Aragonés, a petición del magistrado instructor, según ha confirmado la protavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Todo ello, después de que se aplazara la declaración de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona que lleva el caso tras la admnisión a trámite de la querella del jefe del Govern y que alegó que no podía declarar debido al secreto de las actuaciones.

"Máxima colaboración con la Justicia", ha explicado Alegría para justificar esta decisión tras "la petición de un juez". De este modo, se insiste en que se trata de una desclasificación "para este caso en concreto", puesto que son numerosos los supuestos casos de independentistas espiados con este software.

Desde el Ejecutivo aseguran que este acuerdo "en ningún caso afecta a la seguridad nacional". "Nosotros somos los primeros interesados", ha argumentado Alegría para que se conozcan todos los detalles, después de recordar que "fue el Gobierno quien puso en manos de la Audiencia Nacional este asunto".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, ya dejaron claro en diciembre que era "bastante probable" que se desclasificaran, y Marlaska estimó que los informes verían la luz si la autoridad judicial lo solicitaba y era oportuno y legal.

Investigación judicial

Aragonès compareció como "perjudicado" ante el juzgado 29 y apuntó directamente ante el juez al CNI como el organismo que le espió a través de su teléfono móvil utilizando el programa Pegasus, según las fuentes judiciales consultadas por este diario.

El mandatario catalán explicó en su declaración ante el magistrado, que duró unos 45 minutos, que el periodo en que su teléfono fue interceptado, entre julio de 2018 y marzo de 2020, coincidió con la formación del Govern de Quim Torra (la intromisión se efectuó un mes después de la constitución del Ejecutivo catalán), la primera moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, los Presupuestos y la mesa de diálogo. En todas esas negociaciones él ostentaba la máxima representación de su partido en el Govern y también como dirigente de ERC, ya que Oriol Junqueras estaba encarcelado.