Una asociación de fiscales recurre la renovación de García Ortiz al frente de la Fiscalía General

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha dado un paso adelante y ha decidido llevar la renovación al frente de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz al Tribunal Supremo. Ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo que confía siga los pasos de los que han anulado recientes nombramientos del ministerio público, entre ellos, el que ascendía a la máxima categoría de la carrera a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, al entender que lo había acordado por "desviación de poder".

Como la renovación se produjo por decreto el pasado 27 de diciembre, la asociación minoritaria, pero que cuenta con un vocal en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, todavía está en plazo de impugnarlo. “La Apif, que reclama un ministerio fiscal constitucional, integrado en el poder judicial y con autonomía funcional respecto del mismo, no puede, sino constatar que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente", argumenta el colectivo, que cree que Álvaro García "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno".

Los fiscales del Supremo ven por una amplia mayoría indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont

En un comunicado añade que "ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, [fue] condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros". Considera que ello que "supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular“ realizada por el presidente del Gobierno en una entrevista en la que preguntó que "la fiscalía ¿de quién depende?", dando a entender que lo hacía del Ejecutivo.

"Respetando la designación hecha por el Ejecutivo, consideramos que el presente fiscal general no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno”, asevera el colectivo que recuerda que el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de cinco años con el mandato caducado, le declaró no idóneo para la renovación.

La Asociación de Fiscales tacha de "apéndice del Ejecutivo" a García Ortiz, al que insta a dimitir

La Apif pone también en duda su idoneidad por su condena por "desviación de poder" al anularse el ascenso a la máxima categoría de la carrera de Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática aún está pendiente del Tribunal Supremo, que ha fijado para el próximo 12 de marzo la deliberación en la resolverá los recursos interpuestos.

"El ministerio fiscal se configura como una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial. No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fiscal general, cúspide del ministerio público, que este queda dentro o en la órbita del Ejecutivo. Precisamente por las actuaciones que ha llevado a cabo García Ortíz, a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el fiscal general, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", defiende la Apif.