Un juez de Madrid imputa a cinco cargos de Sanidad, Hacienda e Industria por distribuir mascarillas defectuosas a sanitarios

Cinco personas con cargo de responsabilidad en los ministerios de Sanidad, Hacienda e Industria han sido citados a declarar por el juez Carlos Valle en calidad de imputadas por la compra y distribución de mascarillas defectuosas a personal médico en el peor momento de la pandemia. Así consta en una providencia del pasado 20 de febrero a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y en la que el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid pone fecha a su declaración como investigados para el próximo 23 de abril, cuando tendrán que explicar las condiciones en las que se compraron más de dos millones de mascarillas FPP2 que no cumplían con los estándares mínimos de calidad y que fueron repartidas igualmente a los sanitarios.

En total, son siete las personas que han sido llamadas a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, aunque solo cinco de ellas son, o fueron en ese momento, altos cargos de los citados ministerios. La Fiscalía, por su parte, se ha opuesto a su citación como investigados.

El caso se originó en el arranque de la pandemia y también llegó a los tribunales en ese mismo momento, pues fue en abril de 2020 cuando la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) decidió presentar su querella directamente contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Tras un periplo que les llevó a pasar incluso por el Tribunal Supremo, es ahora cuando un juzgado ha decidido esclarecer lo sucedido.

Lo que se investiga ahora son las circunstancias que rodearon a los 2,1 millones de tapabocas de la marca Garry Galaxy que se compraron a la empresa Hangzhou Ruining Trading. No estaban homologados, apenas tenían una filtración del 70%, muy lejos del 92% exigido, según se explicó entonces, y el ministerio tardó casi un mes desde su llegada a España en darse cuenta antes de retirarlos. Fue gracias, además, a la alarma dada por las autoridades de Aragón y Cataluña, dos de las comunidades a las que fueron distribuidas.

Esta es la misma empresa involucrada en el conocido como caso Travis que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y por el que se investiga a dos exaltos cargos de Sanidad y a una directora general del Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades en la concesión 'a dedo' de contratos covid otorgados por el Gobierno. En concreto, allí se examina otro pedido a Hangzhou Ruining Trading de 43,4 millones de euros para la compra de batas desechables.

Un informe de Trabajo, clave

En cuanto a las mascarillas, desde el Juzgado de Instrucción número 14 lo que se intenta ahora es, por tanto, saber si es pertinente depurar responsabilidades por los al menos siete días de uso que le dieron los sanitarios a las mascarillas. En marzo y en abril de 2020, la información y los medios con los que contaba el personal médico para intentar salvar vidas aún eran prácticamente nulos y la mascarilla era la principal línea de defensa.

Dentro de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que ya obra en manos del juez Carlos Valle está un informe del Ministerio de Trabajo que encabeza, y encabezaba en abril de 2020, Yolanda Díaz, la actual vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar. En ese escrito, que llegó al juzgado el 14 de febrero se puso en riesgo su salud de 2024, fue en el que se identificó, por petición de la justicia, "quién fue la autoridad o funcionario que solicita y recibe respectivamente la información relativa a la idoneidad de las mascarillas Garry Galaxy".

Por ello, dice OkDiario, que es quien ha adelantado la noticia, el magistrado también ha citado a declarar a quienes avisaron de que las mascarillas eran defectuosas, entre los que se encontrarían varias personas del Ministerio de Sanidad y dos responsables autonómicos de salud, uno de Andalucía y otro de Cataluña.

Las personas identificadas, y por tanto llamadas a declarar "al objeto de recibirles declaración en calidad de investigados sobre los hechos", son el jefe de área de Gestión Económica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que depende del Ministerio de Industria y Turismo; la directora general y su subdirectora de la Cartera Común de Servicios del Ministerio de Sanidad; una vocal asesora de Sanidad y un alto cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública en la Coordinación Territorial de Madrid.

A pesar de que no existe ninguna vinculación directa entre ambos casos, la citación a declarar como imputados llega justo la semana en que ha explotado la investigación por las presuntas comisiones que habría cobrado Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, por la intermediación en la compra de mascarillas durante esos mismos meses críticos de la pandemia.