La ley de amnistía beneficiará a 372 personas con causas penales pendientes por el procés

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que, según cálculos del Gobierno, la ley de amnistía beneficiará directamente a 372 personas que tienen causas penales pendientes relacionadas con el procés.

En una entrevista en Els Matins de TV3, Bolaños ha evitado pronunciarse sobre cuándo podría regresar a España el expresidente catalán Carles Puigdemont, alegando que no puede pronunciarse sobre casos concretos  y asegurando que "esta ley no está hecha para nadie" en concreto. Asimismo, ha reiterado que hay una "voluntad inequívoca" de que todas las personas involucradas queden cubiertas.

El ministro ha enfatizado que, más allá de las personas que puedan ser amnistiadas, "el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y también la española". "Es una ley que va dirigida a esas en torno a 400 personas, según los números que tenemos en el Gobierno son 372 personas que tienen causas penales pendientes, pero es una ley que no solo va dirigida a ellas. Pueden ser los beneficiarios directos, pero, sobre todo, el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y también la sociedad española. Y esa es la finalidad y la bondad que tiene esta ley de amnistía, que desde luego, con el tiempo se podrá valorar con mayor precisión", ha resaltado.

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Bolaños ha hecho hincapié en la voluntad del PSOE de trabajar "para la definitiva reconciliación" y ha subrayado la necesidad de que la ley de amnistía "cubra por completo a todas las personas involucradas", con el objetivo de recuperar "esos afectos, cariños y complicidades que se quebraron de manera tan profunda en 2017".

El ministro ha destacado que el texto de la ley de amnistía "ha sido en todo momento muy sólido y robusto", pero ha señalado que, en el marco de la negociación del texto con Junts, el informe de la Comisión de Venecia fue "fundamental". "Gracias al informe de la Comisión de Venecia hemos podido incorporar recomendaciones de Europa. Por lo tanto, es una ley profundamente constitucional, pero también profundamente europea, anclada en los mejores valores y estándares europeos", ha insistido.

"Una ley general"

Bolaños, además, ha negado que la amnistía esté hecha a la medida del expresidente catalán Carles Puigdmont al afirmar que es "una ley general" que pretende amnistiar los delitos que se cometieron durante el procés.

En una entrevista en la Cadena Ser, ha restado importancia a las declaraciones de Puigdemont, realizadas tras la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, en las que apostaba por negociar ahora "pieza a pieza" con el Gobierno desde los presupuestos hasta la autodeterminación. Sobre este asunto, ha recordado que los partidos independentistas continúan siendo independentistas y que "nadie puede aspirar a otra cosa", pero ha incidido en las bondades de las medidas que están tomando al asegurar que cuando llegaron al Gobierno el porcentaje de catalanes que quería un estado independiente se acercaba al 50% y ahora está por debajo del 10%.

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El ministro ha defendido que la amnistía es un "paso coherente" después de los indultos, que también fue una decisión "valiente y decisiva" para garantizar la convivencia en Cataluña, ha dicho, a la vez que se ha mostrado convencido de que con el tiempo las dudas sobre su conveniencia se irán disipando.

Los plazos

Preguntado por la vuelta de Puigdemont a España, ha señalado que lo podrá hacer cuando se apruebe definitivamente la ley de amnistía, que calcula podría ser en la segunda quincena de mayo. A partir de ahí, "como cualquier otro beneficiario por la ley, podrá solicitar a los jueces que se le aplique la ley de amnistía para eximirle de sus responsabilidades penales", ha apuntado.

Y sobre si tiene garantías de que los partidos independentistas apoyarán los presupuestos, ha explicado que no hay ningún acuerdo cerrado pero que sí existe una "voluntad" por parte de Junts y ERC de respaldar las cuentas y de que haya legislatura.

Sobre la amenaza del PP de romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dicho que la situación de la justicia es "muy preocupante" y que "ya no admite más excusas". "El bloqueo del CPGJ está suponiendo un deterioro en el funcionamiento normal de la justicia y nos está costando mucho dinero a todos los españoles", ha advertido.