Piden 22 años de cárcel para el jubilado que mandó cartas con explosivos a una empresa de Zaragoza

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita un total de 22 años de cárcel y seis más de libertad vigilada para el jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) Pompeyo González Pascual, detenido el 25 de enero del año pasado, como autor del envío de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa zaragozana Instalaza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón. 

El ministerio público considera que Pompeyo González cometió dos delitos: uno de terrorismo con resultado de lesiones y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios, por los que entiende que les corresponde, respectivamente, 10 y 12 años de cárcel, a cuyo cumplimiento deberá cumplir otros seis más de libertad vigilada.

Las lesiones obedecen a las heridas que sufrió en una mano un empleado de la embajada ucraniana. El fiscal pide que el acusado le indemnice con 1.500 euros. El escrito señala que su internamiento en un centro penitenciario no podrá exceder los 20 años.

Según el escrito dado a conocer este viernes, Pompeyo González, "contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos, y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española, en su domicilio de Miranda de Ebro, construyó artefactos explosivos" y los remitió por carta, con el destinatario y la dirección manuscritos.

Uno de ellos llegó el 24 de noviembre de 2022 a La Moncloa, "donde se chequeó al pasarlo por Rayos X, y se comprobó que podía contener algún tipo de artefacto. Se activó el protocolo de seguridad y se procedió a la detonación controlada del paquete. Contenía carga explosiva de perclorato/clorato de origen pirotécnico y una pólvora de base nitrada".

Un empleado de la embajada de Ucrania sospechó del que llegó allí y "como medida de seguridad" lo sacó al patio de la embajada. "Tenía pegada cinta adhesiva en uno de sus laterales, y al levantarla un poco vio una pieza de metal de forma rectangular con agujeros laterales" y procedió a sujetarla, "porque le pareció el activador de un artefacto".

"Ante el temor de que así fuera, la lanzó hacia el suelo, momento en el que explotó, causándole una herida abierta en mano derecha con leve tumefacción en un dedo, abrasiones y hematomas tanto en región palmar como dorsal, requiriendo para su sanidad de una primera asistencia facultativa y vendaje durante tres días", explica la fiscalía.

El análisis del explosivo reflejó que "era compatible con un material energético compuesto de clorato de potasio, azufre elemental, óxido de silicio y parafina, así como partículas que podrían proceder de cabezas de cerillas, por lo que la carga principal podría estar compuesta por estas. En uno de los vestigios analizados correspondiente a la vaina del pistón iniciador, se detectaron múltiples partículas esferoidales compuestas de plomo y bario, que podrían provenir de un iniciador con dichos elementos en su composición, como estifnato de plomo y nitrato de bario".

Neutralizados

Los demás paquetes no llegaron a explotar, porque levantaron sospechas y pudieron ser neutralizados. El de la empresa de Zaragoza, porque su nombre estaba mal puesto y ya sabían lo que había ocurrido en la embajada ucraniana, así que llamaron a la Guardia Civil. "El de la base aérea de Torrejón, se recogió el 30 de noviembre de 2022 en la oficina de correos de la localidad madrileña. Ante la similitud del paquete con el que se recogió en la embajada de Ucrania, se activó el protocolo de seguridad, procediendo a su desactivación", explica. 

Tras analizar los distintos envíos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que "la cantidad de explosivo y su disposición en el artefacto sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados, tanto por la propia explosión de la sustancia, como por el impacto de la metralla incorporada (postas de plomo) y la producida por la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y demás elementos utilizados para su fabricación (principalmente tuercas y tornillos)".

Y para descartar dudas sobre la acusación de terrorismo que formula el fiscal añade que "Pompeyo González Pascual diseñó los envíos a fin de que cuando la caja de madera se sacase del sobre de cartón, y el destinatario abriese la tapa retirando la cinta adhesiva que tenía a modo de cierre, la tapa arrastraría al pasador, sacándolo de su alojamiento, liberando al percutor que, por la acción del muelle contraído, se desplazaría por el tubo que lo contenía hasta percutir al pistón, dando lugar a su iniciación".