El presidente de Plena inclusión España, Santiago López, se ha reunido esta semana son la secretaria general de Políticas de Inclusión del Gobierno de España, Milagros Paniagua. López le ha trasladado el temor del movimiento asociativo de que las 470.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que viven en el país, y sus familias, puedan quedar fuera del proyecto de ingreso mínimo vital que está elaborando el Ejecutivo.
«Estamos preocupados porque muchas familias se ven empobrecidas al afrontar el sobrecoste económico que supone cubrir las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad intelectual, a lo que ahora hay que añadir la profunda crisis económica y laboral derivada del covid-19», le ha recordado López.
Precisamente, por esta vulnerabilidad derivada de la relación entre pobreza y discapacidad, Plena inclusion ha insistido sobre la gran oportunidad que ahora se presenta para atender necesidades urgentes del colectivo. «Es preciso introducir mecanismos correctores a la hora de diseñar el ingreso mínimo vital, que permitan alcanzar una igualdad de resultados para las personas con discapacidad, en cumplimiento del principio de asignación equitativa del gasto público», explica López.
El presidente de Plena inclusión ha presentado a Paniagua una serie de iniciativas para incorporar a estas personas a medidas inclusivas recogidas en el proyecto del ingreso mínimo vital sobre el que trabaja el Gobierno. Entre ellas está el reconocimiento de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como unidades familiares independientes de sus familias, para evitar su invisibilidad y la sobrecarga económica de sus parientes.
También se propone la exención para el cálculo del límite de ingresos de las prestaciones por hijo hija a cargo menor de edad, la definición de unos umbrales de renta más elevados para el acceso al ingreso mínimo vital, el incremento de las cuantías de ingreso mínimo para este colectivo y de los complementos para hijos o hijas menores con discapacidad superior al 33%, así como incentivos al empleo más intensos y duraderos.
