Un problema que requiere de coordinación

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad mental que el resto de la población, y al menos un tercio de ellas presenta trastornos mentales, de personalidad o problemas de la conducta que requieren atención sanitaria. Se estima que, en España, 82.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo muestran algún tipo de trastorno mental y/o del comportamiento, aunque, según un estudio reciente, los servicios actuales solo llegan al 5% de esta población.

Por otro lado, Plena inclusión Aragón, junto a funcionarios del ámbito educativo y de la salud, desarrolló otro estudio hace dos años para elaborar un diagnóstico de la situación en esta comunidad autónoma. Se calculó que en Aragón viven al menos 879 personas con discapacidad intelectual y trastorno psicopatológico y/o conductual grave, y otras 3.516 que suman una enfermedad mental a su discapacidad, pero que no requieren de servicios especializados. Y se detectó la necesidad de poder plantear medidas que permitan generar una red de apoyos para este colectivo, junto al departamento aragonés de Salud.

La falta de acceso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a los servicios de salud mental ocurre por distintos factores. Entre otros, por la dificultad en la comunicación y la transmisión de síntomas por parte de las propias personas. Una circunstancia que genera una detección inadecuada por la ausencia de diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico impreciso o incorrecto. De hecho, en muchas ocasiones, esta carencia lleva a tratamientos erróneos y a que sus alteraciones significativas de conducta, como agresiones o autolesiones, precipiten su internamiento en instituciones especializadas.

Como movimiento asociativo de referencia en el apoyo y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España, Plena inclusión reivindica una ley de salud mental que contemple la regulación de sistemas de coordinación sociosanitarios entre las organizaciones que prestan servicios a personas en situación de dependencia y las áreas sanitarias de salud mental.

Además, debe fomentar y planificar oportunidades en entornos comunitarios para estas personas, evitando que se cronifiquen las estancias en instituciones, así como desarrollar estrategias preventivas que eviten los ingresos en este tipo de residencias y aseguren la permanencia de estas personas en sus entornos naturales.